“El país no puede permitir que so pretexto del Acuerdo se desarraigue su historia, se debiliten sus instituciones y se arriesgue el futuro de la democracia acogiendo los ideales de un grupo que cometió? crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los colombianos”.

La precandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, alertó este jueves sobre los riesgos que corren los medios de comunicación de ser censurados y expropiados, si se aprueba la Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social.

En cartas enviadas al Presidente de la República y los directores de los medios de comunicación del país, Ramirez explica que en el numeral 2.2.1 del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc, se acordó que se constituirá una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, quienes organizarían un espacio para que surgiera un “proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales”.

Continúa diciendo en sus misivas, que sin publicidad y a espaldas de la sociedad y de los medios de comunicación se creó el borrador de esta ley que “implementa una clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la fuerza pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico”.

Igualmente señala que en ese mismo texto se establece un régimen de censura en la que los miembros de las Farc resultarán intocables e irrefutables, concediéndoles una inmunidad social, a parte de la irresponsabilidad jurídica y política que les provee el Acuerdo.

Reitera su preocupación al decir que “para ejercer la libertad de prensa y de expresión por hechos de corrupción, de irresponsabilidad política o de apología a la violencia, al odio o a ir en contra del establecimiento constitucional y estatal o por simple ejercicio político, habrá que preguntarles su opinión antes de emitir la noticia y las investigaciones periodísticas tendrán que contar con el aval de los movimientos sociales, so pena de una sanción y del uso del derecho de réplica que involucra actos de carácter público”.

La candidata le pide al presidente Santos que suspenda en el Congreso el trámite de la ley estatutaria que “tan curiosas coincidencias tiene con el estado comunal venezolano y se invite a los medios de comunicación y a los respectivos encargados de las Fuerzas Militares, así como a los representantes de las empresas del sector de comunicaciones y a los de las empresas petroleras y de industrias extractivas a discutir y acordar el texto de ley estatutaria presentada por el Gobierno con el apoyo del CINEP y otros”.

Septiembre 28 de 2017, Aguachica, Servientrega, es una de las empresas más emblemáticas del país, y su fundador de origen campesino, nació en una vereda llamada paeces en Jenesano (Boyacá), ahora será candidato presidencial en las elecciones del 2018.

Se trata de Jesús Guerrero Hernández de 53 años es el número 7 de 13 hermanos de los cuales dos murieron cuando eran pequeños.

A los 9 años sembraba cilantro el cual vendía en el pueblo. Estudió su bachillerato en el colegio departamental de Jenesano (Boyacá).  Cuando tenía 14 años criaba conejos para vender.

En marzo de 1.979 cuando apenas tenía 15 años, llegó a la ciudad de Bogotá a trabajar como mensajero cobrador de una empresa de transporte terrestre, donde laboró durante 3 años y fue despedido tras cuestionar a su jefe, porque la empresa no crecía.

Duró desempleado un día, con 32.000 pesos de su liquidación, utilizó 17.000 pesos, para montar lo que hoy es Servientrega y el resto lo utilizó para comprar 5 vestidos de paño.

El 12 marzo de 1982 Servientrega realizó el primer envío Bogotá a Buenaventura.

La primera oficina con logotipo y sede fue la de servientrega en Cali. En 1.990. Salio por primera vez del país viajando a Nueva York donde se instaló la primera oficina de servientrega en el exterior. Ahora conforma un grupo de 44 empresas, entre las cuales están Servientrega, Efecty, Almagrario y Red Servi, que están en ocho países.

‘Chucho’, como no le disgusta que le digan, considera que tiene una “gran opción” de ganar la Presidencia, “por la falta de confianza en los partidos y por la polarización”.

Guerrero  anunció que la próxima semana inscribirá el comité que se encargará de recolectar las más de 382.000 firmas que requieren para iniciar esa carrera.

Su tema central de campaña será la defensa del campo, del cual dijo que ha sido abandonado por muchos gobiernos.

«Colombia es viable siempre y cuando no se roben la plata y se den oportunidades«, dijo  Jesús Guerrero

Aún no sabe cómo se llamará su movimiento pero, será asesorado por una empresa estadounidense en este nuevo propósito y según él, cuenta con el apoyo de cerca de 1.751 empresas, de los líderes del paro agrario, líderes campesinos, transportadores y sectores de la Iglesia Católica e incluso de iglesias cristianas: «Tenemos todos los aliados, no solo de Servientrega, Copetran, Flotas La Macarena, Rápido Ochoa, Colsubsidio. Creemos que Colombia necesita una esperanza, recobrar la confianza, necesitamos darle la oportunidad a nuestra gente, a los campesinos. Hay corrupción por todos lados».

La próxima semana inscribirá su candidatura y realizará una rueda de prensa para contarle al país cuáles serán las bases de su campaña.

¿Por qué El Espectador no publicó la foto de Francisco Ricaurte reseñado en La Picota?

Por:Diana Durán Núñez* / @dicaduran
La imagen de la reseña judicial del exmagistrado suscitó un debate periodístico que aún no cesa. ¿Es morbo o información?

En la mañana de este martes se regó como pólvora una foto que parecía de no creer: ahí estaba Francisco Ricaurte, hasta hace poco uno de los hombres más poderosos en la Rama Judicial, sosteniendo con ambas manos el cartel inconfundible de quienes están en problemas penales. El código, TD 113094756, confirmaba que en la cárcel La Picota probablemente él sería un número más, un preso cualquiera. Era la imagen viva de la paradoja, pues el hombre que, se suponía, simbolizaba la justicia, ahora recibía su castigo por haberla -presuntamente- despreciado. 

¿Publicarla o no? En teoría, parecía una decisión fácil para cualquier medio de comunicación: ¡publicarla, claro! La mayoría lo hizo, una buena parte de El Espectador quería lo mismo. Para este diario, sin embargo, tomar la decisión no fue simple. El resultado, en cambio, fue un inmenso debate que no tuvo cierre, pues se revivió en varias oportunidades y en distintos equipos de la redacción. Por eso concluimos que lo más adecuado sería trasladarlo a nuestros lectores.

«Yo creo que debería publicarse», dijo nuestro jefe de redacción, Élber Gutiérrez. «Es un documento periodístico muy valioso. ¿Acaso El Espectador no publicó la foto de Pablo Escobar con su reseña judicial?», continuó. Se refería a esta icónica imagen del jefe del cartel de Medellín:

Élber Gutiérrez no es el único con esa postura. Varios la comparten. Entre ellos, nuestro reconocido editor de la edición dominical, Nelson Freddy Padilla: «Estoy de acuerdo con la publicación porque se trata de una noticia judicial histórica: el primer expresidente de la Corte Suprema reseñado«, dijo. «Hace parte de los documentos que la ciudadanía debe conocer en el contexto del proceso investigativo por la posible corrupción del máximo tribunal de la justicia. La foto debe estar acompañada de la información que deje en claro por qué fue capturado, de qué está acusado, cuál es su defensa y resaltar que no ha sido condenado».

Alexánder Marín señaló que en su criterio, la foto, aunque lamentable, no dejaba de ser «un documento histórico, veraz y una pieza de valor periodístico. La consideración es: ¿tiene valor histórico? ¿Es de interés público? Creo que en esta oportunidad estamos frente al protagonista del mayor escándalo de la justicia y reúne ambas condiciones. Aunque algunos dirán que publicarla atenta contra la presunción de inocencia, la intimidad, la honra y el buen nombre, es el retrato de la paradoja que atraviesa la justicia, en la que quien acusó o absolvió hoy está en el banquillo. Por esta razón la publicaría», aseveró Marín, editor de la sección Bogotá.

Los tres tenían la razón. El Espectador sí ayudó a divulgar la foto de la reseña judicial de Pablo Escobar  que correspondía al momento de su captura, en 1976, por un cargamento de droga que había entrado al país escondido en la llanta de un camión. Los detectives del DAS que dieron con él fueron asesinados y la jueza que llevaba el caso, amenazada. La investigación nunca maduró, pero la revelación del arresto por narcotráfico -hecha por El Espectador en 1983- fue la estocada final que llevó a Escobar a salir del Congreso y convertirse en prófugo de la justicia y, en 1986, a que ordenara el asesinato del director de este diario, Guillermo Cano.

(En el caso de la foto de Escobar, agregaría después el editor general, Jorge Cardona, la publicación de 1983 no incluía la imagen de la reseña judicial. En este artículo se puede apreciar esa edición) .

La foto, como indicó Nelson Freddy Padilla, sí hace parte de un contexto investigativo. Y, como dijo Alexánder Marín, tiene valor histórico. «Yo sí la publicaría», agregó Ricardo Ávila, nuestro editor de cierre, «porque se trata de un funcionario público, la foto es oficial y es de dominio público la investigación en su contra». Así es. Ricardo Ávila también tenía razón.

Entonces, ¿por qué no publicamos la foto de Ricaurte? 

Esa foto sólo alimenta el morbo de la gente, es una especie de amarillismo judicial, dije yo en consejo de redacción. Agregué que, sobre Ricaurte, la sección judicial ha escrito cada detalle que ha sido ventilado, cada acusación en su contra, cada intervención del fiscal general señalando que tal vez él pidió dinero a gente investigada a cambio de intervenir en sus procesos. Se ha indagado acerca de sus propiedades y de quiénes lo visitaban cuando era magistrado. Ya se contó que fue enviado a La Picota. La foto de su reseña judicial, que llegó a los medios por algún funcionario del Inpec mas no por conductos regulares -o eso aseguraron los de la oficina de prensa-, es innecesaria, insistí: es querer mostrar la sangre en la arena. (Le puede interesar: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)

Otros periodistas tenían una postura similar. Fernando Araújo, editor de cultura, expresó puntualmente: «Humillar a un ser humano, por corrupto que sea o haya sido, es caer en sus mismos vicios». Para él, revelar la foto del exmagistrado Ricaurte durante su reseña judicial era eso, una humillación, no una pieza periodística merecedora de ser divulgada.

«No estoy de acuerdo con la publicación de la foto de la reseña del exmagistrado Francisco Ricaurte en la cárcel La Picota, pues lo único que generaría en la audiencia es un sentimiento hacia él de culpabilidad tácita, sabiendo que aún no ha sido declarado responsable directo en el ‘cartel de la toga’, la investigación está en curso. En caso de que no se compruebe nada, se estaría dañando el buen nombre de una persona que está cumpliendo lo que la ley le está exigiendo. En otras palabras, es darle de comer al morbo de la sociedad», agregó Camilo G. Amaya, periodista deportivo.

En medio de la controversia, alguien trajo a colación la iniciativa de los muros de la infamia. Se trataba de un cambio que se hizo al Código de Infancia y Adolescencia en 2006, en el cual se expresaba que «en alguno de estos espacios (mediáticos) y por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, ‘Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales’, cuando la víctima haya sido un menor de edad”.

En 2008, sin embargo, la Corte Constitucional declaró que ese artículo iba en contra de la Carta Política del 91. Era una medida desproporcionada, ponía en riesgo a los condenados y a sus familias, y lo más importante, no resarcía a las víctimas por el daño causado. La Corte advirtió que, incluso, divulgar esas imágenes podían originar actos de venganza. Así fue como la idea de los muros de la infamia llegó a su fin. Fueron muchos los desilusionados con la determinación, pues creían que ese tipo de escarmiento era un castigo más que justo para quienes hubieran abusado de niños.

Fotos como la de Ricaurte durante su reseñado en La Picota -creo yo- sacian el deseo de exponer a quien se cree delincuente y castigarlo a como dé lugar. Esa clase de imágenes pueden terminar siendo, con o sin intención, una suerte de linchamiento mediático. Una actitud que, en mi criterio, es demasiado peligroso fomentar en un país donde en su capital cada tres días alguien muere linchado.

Jorge Cardona, editor general y voz de la consciencia de la redacción de El Espectador, manifestó que tampoco estaba de acuerdo con divulgar la foto. «Yo no publicaría la reseña carcelaria ni del peor delincuente. Una cosa es el derecho de la justicia a procesar a todo aquel que viole la ley, pero otro asunto distinto es el linchamiento y el escarnio público. Es un dilema de debido proceso y, en cualquier caso, de respeto por el ámbito familiar y personal de todo procesado».

Y añadió: «Sobre el tema, tengo los mismos reparos que me produce ver a los fiscales anunciando en ruedas de prensa las conclusiones de sus pesquisas antes de que haya imputación de cargos. En muchos casos, sobre todo aquellos de connotación nacional o escándalo mediático, es muy difícil que un juez de garantías tenga la suficiente autonomía e independencia para evaluar la libertad de una persona cuando tiene una carga de presión de la Fiscalía, cualquier otra institución del Estado, o los medios de comunicación. Sigo creyendo en la vieja máxima que decía que los jueces y magistrados, y ahora los fiscales, solamente se pronuncian a través de sus providencias”.

«Sigo dudando (de no publicarla)», dijo nuestro director, Fidel Cano Correa. La imagen es valiosa informativamente, no dice nada que no sea cierto, y ver a un expresidente de la Corte que mil veces salió sonriente y poderoso en esa condición dice mucho del momento que vive el país. Pero me parece válido el argumento de proteger el debido proceso, que en Colombia se violenta a diario».

Esta es una discusión sin punto final. En la mañana de ayer, por ejemplo, la emisora Blu Radio le preguntaba a sus oyentes si estaban de acuerdo con la publicación de la foto. Los medios nacionales la registraron todos, sin excepción, y eso tampoco está mal: se trata, sin duda, de un documento de valor periodístico que, como dice nuestro director, habla de la coyuntura que atraviesa Colombia. Quizá los equivocados seamos aquellos que pensamos que esa foto en particular genera más morbo que información. El debate sigue abierto.

Fuente:*Editora Judicial de El Espectador.