En la madrugada de hoy se presentó un fatal accidente de tránsito en la carrera 28 con calle 8 del municipio de Aguachica en el sur del departamento del César, dejando como resultado una persona muerta.
Según pudo conocer este medio el accidente se presentó pasadas las 2:30 am, cuando el conductor de la motocicleta Yamaha xtz de placa WYH-14A se estrelló contra un objeto fijo (poste) falleciendo en el lugar del accidente.
Es así como al lugar del accidente llego la unidad de la Policía de Carreteras, con su laboratorio móvil de criminalística, para realizar la inspección técnica al cadáver de quien fue identificado como Wilson Javier Perdomo Díaz, de 31 años. Natural de Aguachica.
La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de las esposas de los extraditados alias Bambam y Gordo Guillermo, entre otras personas que habrían prestado sus nombres para ocultar dineros provenientes del envío de cocaína a Estados Unidos.
Durante dos años la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y con apoyo de la agencia estadounidense DEA, recopiló material probatorio suficiente para identificar y desarticular una organización criminal sindicada de blanquear dinero producto de actividades de narcotráfico.
Ocho de los presuntos integrantes de la red, conformada en su mayoría por familiares y conocidos de dos colombianos extraditados a Estados Unidos, fueron capturados por investigadores del CTI y presentados en audiencias concentradas que se cumplieron en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.
En las diligencias el fiscal de conocimiento imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. El juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al tiempo que ordenó la suspensión del poder dispositivos de 8 vehículos, tres de gama alta, y otros bienes ubicados en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Sopetrán (Antioquia), que estaban a nombre de los procesados y cuyo valor ascendería a 25 mil millones de pesos.
De acuerdo con los elementos recopilados en el curso de la investigación, las personas que harían parte de esta organización criminal habrían comprado, vendido y administrado inmuebles y carros; adquirieron hipotecas o prendas comerciales, entre otras transacciones hechas en muy cortos periodos y que podrían superar los 10.000 millones de pesos.
La Fiscalía constató que los titulares de las operaciones financieras detectadas no tenían la capacidad económica ni registraban suficientes ingresos que soportaran ese patrimonio, y evidenció que el verdadero origen de los dineros comprometidos eran las actividades ilícitas de Luis Guillermo Medina González, alias Gordo Guillermo; y Dalberto Rincón, alias Bambam, procesados en Estados Unidos por narcotráfico.
En el curso del proceso se identificó que uno de los supuestos integrantes de la red de lavado de activos figuraba como propietario de 22 bienes entre apartamentos, casas y fincas avaluadas en cuatro mil millones de pesos.
También quedaron al descubierto: un lote en zona rural de Cartagena de 3.000 metros cuadrados de extensión, que fue adquirido e hipotecado por 2.700 millones de pesos; así como un inmueble en Bogotá de 800 metros cuadrados, valorado en 5.000 millones de pesos; y una clínica de estética en Medellín con activos por 1.000 millones de pesos, cuya directora era la esposa de alias Bambam.
Por estos hechos fueron capturados y judicializados:
Jacqueline Luque López, esposa de alias Gordo Guillermo.
Sandra Liliana y Mónica María González Medina, hermanas de alias Gordo Guillermo.
Ana Beatriz Medina Suárez, madre de alias Gordo Guillermo.
Libia Vanessa González Chacón, actual compañera sentimental de alias Gordo Guillermo.
Jimmy Barón Ulloa, presunto subalterno de alias Gordo Guillermo, encargado de ubicar personas que prestaban su nombre para la compra de bienes.
Carlos Mauricio González Gómez, presunto subalterno de alias Gordo Guillermo.
Lorena Galeano Quintero, esposa de alias Bambam.
Los detenidos fueron remitidos a las cárceles El Buen Pastor y La Modelo, en Bogotá; y el Centro Penitenciario de Moniquirá (Boyacá).
Antecedentes
Alias Bambam y el Gordo Guillermo serían los jefes de una estructura narcotraficante que movía entre tres y cinco cargamentos mensuales de cocaína a Estados Unidos, y fueron capturados en marzo de 2018.
Dalberto Rincón, alias Bambam, fue detenido en una casa lujosa en el sector de El Poblado, en Medellín. Los investigadores conocieron que perteneció al Ejército Nacional como soldado profesional. En 2017, fue capturado por el delito de homicidio en persona protegida; sin embargo, presentó una solicitud ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), habría sido cobijado por esta jurisdicción y quedó en libertad.
Por otro lado, Luis Eduardo González Medina, alias el Gordo Guillermo, fue capturado en un sector exclusivo de Cartagena. Al parecer, era quien sostenía contacto directo con enlaces en República Dominicana y Puerto Rico; y disponía del dinero que se iba a pagar en los centros de producción de cocaína en Tibú (Norte de Santander).
Por el delito de homicidio en persona protegida fue capturado el teniente coronel del Ejército Nacional José Pastor Ruiz Mahecha, quien para el 2001, época en que ocurrieron los hechos, era capitán y comandante de la Sección Segunda de Inteligencia de esa institución.
El material probatorio recaudado señala que el primero de marzo de 2001 alrededor de las 4:00 de la mañana al caserio Llerasca del municipio de Agustín Codazzi (Cesar) llegó un grupo de hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes tras señalar a varias personas como auxiliadores de la guerrilla los asesinaron.
Las víctimas en este caso fueron identificadas como:
Wilfran Enrique Salas Salcedo, de 21 años
Ana Placida García Rico, de 38 años
José Brochero Cadena, de 36 años
César Augusto García Fuentes, de 37 años
De la misma manera, se pudo establecer que cuando los integrantes de las AUC se retiraban del sitio llegó el Ejército con el cual sostuvieron un enfrentamiento los actores ilegales.
En este combate murió Norberto Enrique de la Cruz Payares, quien fue señalado como presunto miembro de las AUC. La víctima vestía pantalón militar camuflado y portaba un fusil con tres proveedores, siete cartuchos y un celular que sería de una de las víctimas.
En total el Ejército reportó como bajas en combate a las cinco víctimas a las que señaló como integrantes de grupos armados ilegales. Por esta razón la Fiscalía solicitó la captura del oficial.
A Colombian soldier stands guard next to the bodies of FARC rebels killed in combat in San Luis, Antioquia province, March 15, 2002. During the clash, at least five FARC rebels were killed by Colombian army troops. REUTERS/Albeiro Lopera
El artista falleció durante un frustrado hurto en el que también pereció un presunto fletero.
Luego de valorar todo el acervo probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 9 Penal del Circuito Medellín ordenó precluir la investigación que se adelantaba contra el guarda de seguridad Jesús Alberto Alarcón Ocampo, por el homicidio del cantante de reguetón Fabio Andrés Legarda Lizcano, de 29 años de edad, por considerar que se trató de un caso fortuito.
La decisión se apoyó en videos de la escena de los hechos, informes técnicos de balística forense, declaraciones de testigos presenciales y unas 100 fotografías; material que fue presentado por un fiscal de la Unidad de Vida que adelantó la investigación.
La Fiscalía probó que se trató de un hecho impredecible o inevitable, ya que el procesado no quería lesionar al cantante, sino defenderse de la agresión de dos presuntos fleteros, es decir que fue algo ajeno a su voluntad.
Frente al homicidio del supuesto fletero Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años de edad, el fallador también precluyó la investigación en favor de Alarcón Ocampo, al considerar que disparó en legítima defensa y realizó una respuesta proporcionada ante una inminente agresión, pues vio en peligro su vida; tal como quedó demostrado por la Fiscalía.
El juez de conocimiento ordenó además devolver el arma que portaba el guarda de seguridad al representante legal de la empresa Unotec Ltda.
Investigadores y expertos forenses establecieron que durante los hechos ocurridos el pasado jueves 7 de febrero, en el barrio El Poblado de Medellín, el escolta disparó su arma en 6 oportunidades, de las cuales cuatro impactaron a Ardila Valencia, otro a su presunto cómplice y el último, de manera infortunada, al cantante. Es decir, un disparo no impactó en los delincuentes y fue ese el que le quitó la vida al joven artista.
La investigación también demostró que todos los impactos estaban agrupados, que el escolta tiene sus papeles en regla y que la empresa de vigilancia cuenta con todos los permisos de operación vigentes.
Como se recordará, una semana después de los hechos, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Sebastián Ramos Duque, de 21 años de edad, quien fue capturado herido cuando huía del lugar en una motocicleta. Ramos Duque fue imputado por los delitos de tentativa de hurto calificadoy agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado.
Un carro de valores de la compañía Prosegur fue asaltado el pasado viernes, hacia las 7:25 de la mañana, en el barrio San Carlos, localidad de Tunjuelito en Bogotá
El hombre que presenció los hechos narró como los sujetos actuaron, cuando el vehículo de valores de Prosegur se disponía a dejar dinero en un establecimiento comercial.
«Se bajó un hombre vestido de barrendero, sacó las armas de una caneca de basura y comenzó el atraco», manifesto el testigo quien aseguro que los delincuentes utilizaron «metralletas de largo alcance y pistolas» para atacar al vehículo y a los guardias.
Al parecer, hubo un intercambio de disparos entre los atracadores y los guardias del vehículo.
El ingeniero Alfonso Peñuela Ayala, Líder Control Pérdidas de Energía de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P, «CENS«, expuso en rueda de prensa la problemática que viven varias familias de Aguachica y la región de influencia de esta empresa , a quienes les han ofrecido viviendas sin contar con la viabilidad de servicios públicos.
Peñuela afirmo que urbanizaciones como «Villa Fatima» NO cuenta con redes ni tramites ante esta entidad. (Ver Vídeo)
¿La comunidad se pregunta como dan las licencias de construcción en terrenos que no cuenta con servicios públicos?
