Un reciente informe de la organización Derechos Digitales advierte sobre los impactos negativos que puede tener la verificación de edad en internet, tanto en la privacidad como en la libertad de expresión de personas, incluyendo adolescentes y adultos. Este estudio, que aborda legislaciones y propuestas de once países en América Latina, surge en un momento en que en Argentina se discuten diversas iniciativas en la Cámara de Diputados que buscan establecer controles de edad para acceder a plataformas como Instagram y TikTok, proponiendo incluso la vinculación con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Estas propuestas tienen como finalidad proteger a los menores de situaciones como el acoso y el abuso en el entorno digital, un reclamo que han defendido distintas organizaciones. Sin embargo, exigir una verificación de edad podría obligar a todos los usuarios, incluidos los adultos, a proporcionar información personal, como un documento de identidad, además de someterse a procesos de validación que puedan incluir reconocimiento facial o verificación ante el Estado.
Uno de los principales riesgos para la privacidad radica en que la recopilación de datos, especialmente si estos se combinan con otros registros, podría facilitar la construcción de un perfil sobre las plataformas que utiliza cada persona. Además, existe la posibilidad de que estos datos sean vulnerables a filtraciones, algo que ha sucedido en varias ocasiones recientes, incluyendo incidentes en el Renaper que comprometieron información de ciudadanos argentinos.
Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales y autora del informe, señala que la verificación de edad debe ser considerada cuidadosamente. «Cuando esta verificación se convierte en un requisito para acceder a entornos digitales, se transforma la experiencia de internet para todos los usuarios», afirma Meira. Las propuestas en Argentina abarcan diferentes enfoques, desde permitir una simple confirmación de edad hasta exigir que las cuentas estén vinculadas a una identidad verificada en registros nacionales.
El llamado a la acción no se limita a los gobiernos; Derechos Digitales también exige que las empresas establezcan obligaciones claras sobre el diseño de sus servicios, la cantidad de datos que recolectan y las medidas de protección hacia los menores desde el momento de la creación de su perfil.
En el contexto de la verificación de edad, diversos países han abordado la problemática desde diferentes ángulos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la discusión ha llegado incluso a la Corte Suprema, que en 2025 respaldó una ley en Texas que exige corroborar la mayoría de edad para acceder a determinados sitios con contenido para adultos. La Electronic Frontier Foundation ha expresado preocupaciones sobre cómo esta verificación puede relacionarse con la vigilancia por parte de las plataformas.
Meira destaca la necesidad de considerar qué datos son realmente necesarios para la verificación. «Se debe evaluar qué riesgos se pretenden mitigar, qué evidencia hay de que la medida es efectiva, y qué alternativas menos invasivas podrían implementarse», sugiere. Además, enfatiza que solo deben recogerse los datos indispensables y conservarse por el tiempo estrictamente necesario, prohibiendo su uso para fines distintos como la publicidad.
Cuando se le preguntó sobre las prioridades en el Congreso de Argentina, Meira sugirió centrarse en las decisiones de las plataformas. «Es crucial que se prioricen obligaciones que impacten en el modelo de negocio de las redes sociales, que se basa en la explotación comercial de datos y la atención de los usuarios, sin importar su edad», añadió.
El informe resalta que se deben adoptar regulaciones para garantizar la privacidad y seguridad desde la fase de diseño de cualquier función nueva. Esto implica seleccionar únicamente la información necesaria y establecer protecciones automáticas desde el inicio, como desactivar la geolocalización en cuentas adolescentes.
Se menciona también que, mientras en Argentina se han reportado numerosos incidentes cibernéticos en los últimos años, la necesidad de un marco regulativo sólido se torna urgente para proteger a los usuarios.
El 3 de noviembre, la diputada Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que exige la verificación de identidad para abrir o mantener cuentas en redes sociales, aplicaciones de juegos y sitios de comercio electrónico. Este proyecto propone utilizar el sistema del Renaper, que incluiría medidas como pruebas de vida para evitar la suplantación, asegura que los datos personales no serán almacenados y limita la información que las plataformas pueden recibir.
La iniciativa también establece diferencias en el manejo de datos, exigiendo una orden judicial para revelar identidades detrás de cuentas, mientras que en casos de estafa se permite la entrega inmediata de esa información a las autoridades, lo que genera inquietud sobre la claridad de estos procedimientos.
Para las cuentas de menores, se requeriría la validación biométrica de un adulto responsable, lo que vincularía la identidad del adulto a la cuenta del niño. La propuesta contempla exenciones para cuentas sin interacción o con uso meramente consultivo, aunque este término no está claramente definido.
Diferentes propuestas en la región han establecido umbrales de edad que oscilan entre los 13 y 16 años, aunque ninguna ha sido convertida en ley hasta la fecha. Brasil, por su parte, ha implementado un estatuto digital que vincula las cuentas de menores a un adulto responsable y prohíbe el uso de datos para publicidad dirigida a menores.
El informe destaca que aunque la evidencia sobre los efectos de restricciones de edad es aún limitada, un caso en Los Ángeles observó que Meta y Google fueron considerados negligentes en el diseño de sus plataformas en relación al bienestar de los menores.
En la actualidad, más de 300 organizaciones de América Latina han hecho un llamado al Congreso argentino para establecer leyes que protejan a los menores en internet. Los autores del informe concluyen que cualquier legislación debe tomar en cuenta la protección de derechos fundamentales como la privacidad, el anonimato y la libertad de expresión, que son inherentes a todos los usuarios de la red, independientemente de su edad.





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