El caso de maltrato animal en la urbanización Don Miguel ha llegado a instancias judiciales, donde la procesada enfrenta cargos por la muerte de un animal agravada. Según la ley colombiana, este delito puede acarrear penas de hasta 98 meses de prisión en situaciones que se consideren graves.
El incidente que involucra a ‘Nicky’, un perro de raza French poodle cuyo fallecimiento provocó la indignación de la comunidad en Valledupar, ha avanzado en el ámbito judicial. El miércoles 18 de noviembre, la Fiscalía imputó a Yulieth Cecilia Pérez Escobar, de 40 años, por la muerte del can y por las lesiones a otros dos perros, ‘Valentino’ y ‘Copito’.
La imputación tuvo lugar en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar, que funciona como control de garantías, donde se escucharon los argumentos presentados por la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná.
La investigación revela que los incidentes se produjeron entre el 8 y el 11 de agosto de 2026 en la urbanización Don Miguel, situada en el noroccidente de la capital del Cesar. Según la Fiscalía, la acusada habría reaccionado de manera violenta al ver que una perra de su propiedad estaba en celo, atrayendo a otros perros a su casa.
Durante la audiencia, se expuso que la mujer supuestamente disparó en dos ocasiones contra ‘Nicky’ utilizando un arma traumática o de goma. El segundo disparo le causó una herida en una de sus patas, dejando un proyectil incrustado en su cuerpo, lo que eventualmente resultó en su muerte. Además, la Fiscalia afirmó que la frustración de Pérez Escobar podría estar relacionada con los desechos que los animales dejaban cerca de su vivienda, incluido el orín y los olores desagradables.
En este contexto, el caso cobra particular relevancia dado que en Colombia se aplica la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endurece las sanciones para el maltrato animal. Este reglamento estipula que el delito de muerte de un animal puede conllevar:
- Prisión: de 32 a 56 meses. Si se comprueban circunstancias de agravación, la pena podría oscilar entre 48 y 98 meses.
- Multa: de 30 a 60 salarios mínimos mensuales vigentes, incrementándose ante agravantes.
- Inhabilidad: de 2 a 5 años para ejercer actividades relacionadas con animales.
- Prohibición: de adquirir, cuidar o albergar animales.
La imposición de estas sanciones dependerá de las pruebas que se presenten en el juicio.
Por el momento, Pérez Escobar se encuentra en libertad. La próxima audiencia está programada para el martes 24 de noviembre, donde el juez decidirá si se le mantiene en libertad o se le aplican otras medidas. La acusada ha?ido aceptar los cargos en su contra.
Este caso resalta la importancia de denunciar el maltrato animal y la necesidad de buscar justicia para que tales acciones no queden sin respuesta.





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