El denominado Pacto de Valledupar quedó bajo investigación disciplinaria luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una actuación contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El objetivo es esclarecer su posible responsabilidad en reuniones con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizadas en octubre de 2025.
La controversia gira en torno a presuntos ofrecimientos de beneficios jurídicos y carcelarios a exjefes paramilitares a cambio de declaraciones contra dirigentes políticos. Estas afirmaciones están sujetas a verificación y no constituyen, por sí solas, prueba de que haya existido un acuerdo irregular.
Reuniones en Valledupar durante octubre de 2025
Según la información divulgada por medios nacionales y regionales, los encuentros se habrían realizado entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, Cesar. En ellos habrían participado funcionarios del Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y once antiguos comandantes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.
El propósito declarado de las reuniones habría sido avanzar en asuntos relacionados con el proceso derivado del Pacto de Ralito, suscrito en 2003 entre representantes de las AUC y actores políticos. Sin embargo, el documento conocido públicamente también mencionaría propuestas sobre condiciones de reclusión, eventuales revisiones de asuntos de extradición, colonias agrícolas y mecanismos de excarcelación.
Señalamientos y versiones de los participantes
En agosto de 2026, Angie Rodríguez divulgó su versión sobre las instrucciones que habría recibido para organizar los encuentros. Según sus declaraciones, Gustavo Petro y Armando Benedetti habrían intervenido en la preparación de las reuniones.
Posteriormente, Salvatore Mancuso y su asesor jurídico, Juan Carlos Villamizar, entregaron versiones sobre lo ocurrido. Entre los señalamientos difundidos figura la presunta intención de obtener declaraciones de excomandantes paramilitares contra dirigentes políticos como Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo De la Espriella. La veracidad y el alcance de estas afirmaciones deberán ser establecidos por las autoridades.
Fiscalía también fue llamada a investigar
El 19 de octubre de 2026, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los encuentros para determinar quiénes participaron, qué compromisos se discutieron y si hubo ofrecimientos irregulares o presiones que pudieran tener consecuencias penales.
La actuación de la Procuraduría busca establecer si existieron posibles faltas disciplinarias. La apertura de una investigación no significa que Benedetti o Rodríguez hayan sido declarados responsables.
¿Qué falta por esclarecer?
Las autoridades deberán contrastar los testimonios, revisar el documento divulgado y establecer si las propuestas discutidas tenían fundamento jurídico. También tendrán que determinar si existió una relación entre los posibles beneficios para los exparamilitares y las declaraciones que presuntamente se buscaban contra dirigentes políticos.
El caso mantiene la atención sobre Valledupar por ser el lugar donde se habrían desarrollado los encuentros y por las implicaciones que las denuncias podrían tener para la transparencia de las actuaciones públicas y el desarrollo de los procesos judiciales.
