La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, ha dado a conocer los resultados preliminares de la revisión que inició al asumir su cargo el pasado 7 de agosto. En este balance se han identificado deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas, con una diferencia de aproximadamente $2,9 billones entre los recursos comprometidos y los efectivamente obligados y pagados, así como 108 proyectos que carecían de registro presupuestal.
Esta revisión se enfocó en los compromisos y asignaciones recibidos de la administración anterior, en línea con los hallazgos de la Contraloría General de la República para la vigencia 2025, que evidenció deficiencias en el control interno fiscal y no aprobó la cuenta fiscal de la entidad.
Además, durante la revisión se descubrió un posible acto de corrupción relacionado con las asignaciones examinadas, lo que llevó a la ministra Vesga a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una denuncia para esclarecer los hechos y determinar la veracidad del material entregado.
En cuanto a los datos encontrados, destaca que de los $4,4 billones comprometidos en agosto de 2026, solo $1,3 billones habían sido obligados y pagados, dejando una diferencia importante. Se amplió el análisis a 28 resoluciones que incluían 176 proyectos por más de $490.000 millones, de los cuales 108 proyectos valorados en $365.604 millones aún no contaban con registro presupuestal.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud decidió suspender temporalmente nuevas actuaciones contractuales, incluyendo procesos de contratación, contratos de prestación de servicios y modificaciones sustanciales, con excepciones sujetas a justificación y autorización del despacho de la ministra.
Además, Vesga presentó una denuncia por posibles actos de corrupción asociados a las asignaciones revisadas, señalando que no tolerará este tipo de prácticas en su gestión. La Fiscalía General de la Nación está investigando estos hechos para determinar responsabilidades.
La ministra ha anunciado que la revisión de los compromisos y asignaciones seguirá su curso, contrastando la información con los documentos y registros pertinentes. Se reafirma el compromiso de utilizar los recursos de la salud en beneficio de los hospitales, medicamentos y la atención de la población, sin permitir su uso indebido para beneficio personal o político.
