Por: Fabio Alonso Vergel Serna – economista
Amables lectores en esta oportunidad, el objetivo de mi conversación con Pablo mi nieto es ilustrarlos desde nuestro punto de vista como la Constitución de 1991 se convirtió en una “hermosa trampa” de sueños sobre derechos negados, derechos no contemplados y flaca visión del futuro porque el interés que subyacía a las élites era otro: acumular con plata del Estado, privatización, desindustrialización y primacía de rentistas y terratenientes.
Pue bien, escondido en un texto constitucional cargado de artículos sobre la igualdad y la equidad está el NEOLIBERALISMO que no pretendía la transformación de un sistema productivo extractivista(actividades ligadas a la obtención de recursos del medio natural, tanto del mar o de la tierra, como es la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, caza y minería), científica y tecnológicamente rezagado, perezoso con la innovación, lento en su cultura de emprendimiento, y en oposición a la autonomía científica y tecnológica dada la desindustrialización.
Con la apertura neoliberal Colombia no avanzó a un capitalismo basado en la innovación tecnológica, según la heterodoxia de Schumpeter, J. Robinson, Schwartz, Mazzucato, Aghion, C. Pérez, Dosi, Barkhordari, y más, por eso la productividad en los últimos treinta y cuatro años ha sido persistentemente negativa. La inversión ha caído en los últimos años puesto que necesita encontrar nuevas oportunidades en actividades de alta complejidad tecnológica con sus respectivos incentivos. Las políticas de competitividad de Colombia no ofrecían eso. Además, la inversión ha perdido dinamismo por razones asociadas a cambios en la economía mundial dado el calentamiento global y los nuevos rumbos de la geopolítica global en torno a la producción la innovación y el comercio internacional.
Entre sueños de igualdad y rezagos del modelo económico primario extractivista, se fortalecieron las economías ilegales que engrosaron el inmenso e incontrolable mundo de la informalidad detrás del cual se esparcen los frutos del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal, se comercializan algunos bienes de la economía formal, se prolonga la captura de tierras para actividades extensivas de terratenientes cruzados de brazos ante la nueva industrialización y el avance tecnológico de las últimas cuatro décadas cuando bienes y servicios de alta tecnología tomaron la vanguardia del comercio, de la producción y de la innovación en el mundo.
La Constitución de 1991 encarna la desindustrialización razón por la cual neutralizó cualquier intención de hacer de Colombia una economía emergente avanzada, equitativa, sostenible y en paz. Asociada a la desindustrialización está la crisis en los sectores de salud, pensiones, infraestructura, energía, laboral, educación, y otros, puesto que los recursos del Estado se consideraron fuente de acumulación vía la captura masiva de recursos públicos. La intervención de Sanitas y de la Nueva Eps se debe al mal uso de los dineros del Estado dada la toma inescrupulosa de los mismos por privados.
La ilegalidad y la informalidad del campo se conectó con las economías urbanas, vía la bancarización teniendo en cuenta los inmensos flujos de dinero de las actividades ilegales que llegaron para comprar en el comercio formal e informal, adquirir finca raíz, e invertir en otros negocios donde fluye fácil la inversión y el retorno a corto plazo. Nada de largo plazo, nada de alta tecnología, nada de conocimiento e inteligencia, nada de innovaciones disruptivas, nada para las periferias regionales y poco para las urbanas. El resultado, violencia por corrupción e ilegalidad desbordada que determina la baja productividad, inequidad, desposesión de la propiedad individual en el campo y de los recursos públicos. Fue así como se privatizaron la mayoría de empresas públicas: vendieron las mal administradas, también las que eran rentables y óptimas como Isagén que hoy sería un activo estratégico en la transición energética, el Banco Popular clave para apoyar la economía popular contra el gota a gota, cerraron el IFI (Instituto de Fomento Industrial) determinante para impulsar la política de reindustrialización y complemento de Bancoldex y del Banco Agrario para impulsar la diversificación y sofisticación de las exportaciones y la agroindustrialización del campo, TELECOM que hubiese inyectado ingresos a la nación con la telefonía celular. Se cerraron institutos de investigación, se adelgazaron otros, se atacó la educación pública cuando Álvaro Uribe le quitó recursos para financiar la guerra y de paso beneficiar a la educación privada como negocio y no como instrumento de conocimiento, pensamiento, cultura, investigación, innovación y acceso universal.
Más de 450 empresas públicas se privatizaron en 25 años, y esa plata poco se vio porque no hubo auditoria, ni visión para invertir esos recursos que eran sagrados, porque entrarían por una sola vez. Simplemente la “democracia representativa” la administró, malgastó, se la apropió, y el margen del Estado para invertir se redujo de manera abrumadora.
La educación pública se la llevó a su mínima expresión por lo cual la mayoría de la población de menores recursos quedó sin educación de calidad ampliando las brechas sociales e intelectuales entre pobres y ricos, y menguando las potencialidades de innovación de la sociedad, de la producción y del Estado. Por estas razones la productividad en 34 años de neoliberalismo ha sido persistentemente negativa.
Dado este contexto, donde la economía se convirtió en importadora de bienes y servicios de las economías emergentes avanzadas y de los países desarrollados, quedaron los recursos públicos como principal fuente de acumulación. Empresarios y políticos fueron por billones que se han esfumado a través de una sofisticada economía e ingeniería de corrupción para capturar recursos públicos que eran para inversiones de las políticas públicas dirigidas a erradicar la desposesión de la propiedad individual y de la inversión pública en distintos frentes. La plata de la corrupción con dineros públicos se convirtió en deuda externa para tapar huecos fiscales, y así mostrar a organismos internacionales que Colombia tiene una política macroeconómica “responsable”.
En conclusión, la regla fiscal es una estupidez en una economía donde se tributa menos, pero se roban más los recursos públicos. El resultado, una economía de baja productividad a la cual las cuatro élites: política, judicial, económica y tecnocrática, le succiona recursos públicos para satisfacer una ambición sin fin.
Lo que hoy opera en Colombia es lo que, invocando una fórmula acuñada por Álvaro Gómez Hurtado, se llama “régimen de corrupción”, o lo que es lo mismo, un régimen paramilitar y narcotraficante que, haciendo uso del Estado y sus instancias de poder, ha actuado impunemente violando la Constitución y acumulando formidables fortunas a partir de fuentes ilegales vinculadas con el crimen y el desfalco.
Por eso en Sincelejo el presidente Gustavo Petro afirmó:
“Hubo un momento ya en las elecciones del año 2022, y ganamos el gobierno, pero no el poder. La oligarquía de Colombia y la vieja manera de gobernar paramilitar quiere cercar a este gobierno para que no produzca las transformaciones. Yo lo que he propuesto es que nos constituyamos como pueblo, que el pueblo sea constituyente. Eso significa mover a millones de personas”.
FUENTE: Revista Sur.
PD. ¿Quién era Jaime Alonso Vásquez Giraldo? Líder social y veedor de Cúcuta asesinado por sicarios, quien se encargaba de denunciar presuntos actos de corrupción en esta zona de frontera y Ocaña en donde sicarios le callaron su voz en la mañana del pasado domingo, 14 de abril.
Una de las últimas denuncias realizadas por Vásquez fue hecha a los impuestos para vehículos nacionales y extranjeros, “su embargo es urgente”, dijo. Jaime Vásquez, de 64 años, era oriundo de Medellín y criado en Barrancabermeja, Santander. Estudió su bachillerato en el Seminario San Pedro Claver y se graduó como abogado de la Universidad Santo Tomás, de Bucaramanga.
