“Un ejército de principios puede penetrar donde un ejército de soldados no pueden hacerlo”. Thomas Paine
El Ejército es parte de las tres instituciones armadas que conforman la fuerza militar de Colombia, en concurrencia con la Armada y la Fuerza Aérea, su origen podría establecerse desde la revolución de los comuneros, en el afán independentista y luego como Ejército Libertador en 1810, consolidado como tal, después de la batalla de Boyacá, siendo así que su existencia está religada a la historia de Colombia.
Por los años 50 del siglo 20, el concepto gringo de comando conjunto agrupó a las tres instituciones, y desde la siguiente década, entró en combate permanente con el inicio y configuración del conflicto armado, a tal punto que la constitución de 1991 le hace su reconocimiento jurídico por intermedio del artículo 217.
El fracaso del Cagüan en 1998-2002, le obligó a modernizarse, impulso favorecido en la época uribista con el Plan Colombia, la Seguridad democrática y una interacción más activa con los estamentos sociales generada por la actitud positiva de la población anhelante de paz y seguridad.
Da grima como ciudadano, echar de ver que el actual Ejército nacional está involucrado en escándalos por actos de corrupción en materia de contratación, tráfico de influencias, desfachatadas interceptaciones en comunicaciones, aparte del conocido sistema instaurado como “ falsos positivos”, violatorio sin consideración de los derechos humanos de inocentes pobladores.
Mucho se habló y promocionó del resultado de operativos militares, reconocidos internacionalmente por su eficacia, utilización de modernos equipos y métodos, únicamente valorables en su propio ambiente, así; alardean de la operación Sodoma en el 2010, que ejemplificó la inteligencia militar, la Operación Camaleón que arrebató de las manos de la insurgencia a unos secuestrados, la Operación Jaque ahora con mantos de duda y de la Fénix capaz de penetrar territorios extranjeros, solo nos queda que se lleve a cabo la operación más importante para el Ejército y sus fuerzas armadas en beneficio real de toda la población colombiana, la Operación Anticorrupción y depuración interna.
Las Fuerzas armadas de Colombia, son en proporción de las más grandes de Latinoamérica, a las que el Estado ha proporcionado un exuberante presupuesto, para atender sus iniciativas de dar fin a un conflicto, con el que concluyentemente solo se atina que han consabido coexistir, que no muestra en definitiva el resultado esperado, sino un detrimento económico que bien pudo usarse en beneficio de los otros tres estamentos institucionales, maestros, trabajadores de la salud y operadores de la justicia.
Nada puede contradecir que el Estado le requiere, en su objetivo de conducir la nación hacia la prosperidad y la paz, puesto que es la manifestación de su poder coercitivo, con el que asegura la soberanía y gobernabilidad, ahora, engrandecidas como están y con un controvertible liderazgo presidencial, a quien es difícil balancearle sus responsabilidades por el comportamiento de sus mandos y dirigidos, el ciudadano del común quisiera precisar, cuál será definitivamente el tamaño y atribuciones de su ejército cuando deje de existir el conflicto o infortunadamente se acentúe.
En nuestra democracia, el liderazgo del poder civil no puede verse menguado o amedrentado por la actuación de individuos integrantes de las fuerzas armadas, en todo momento vinculada al principio de legalidad, que sería mantener un proceso interno disciplinario capaz de autocontrolarse y la inexistencia de una justicia militar independiente, que riñe actualmente con el mismo poder judicial, el cual como los otros dos son potestades exclusivas de la población civil.
