La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Virgilio Segundo Calderón Peña, quien para la época de los hechos se desempeñaba como director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), por posibles irregularidades en contratación.
De acuerdo con la investigación, Calderón Peña habría aceptado la prestación de servicios y la entrega de bienes sin contar con orden o contrato formal alguno, situación que obligó a Corpocesar a aceptar el pago correspondiente a través de conciliaciones prejudiciales que fueron convocadas por los contratistas con el fin de obtener sus correspondientes pagos.
De acuerdo con la pruebas, las tres conciliaciones que se realizan en el marco de este proceso se adelantaron en los meses de abril, junio y octubre de junio de 2009 y fueron aprobadas por juzgados administrativos de Valledupar.
Considera la Procuraduría que el hecho de que no mediara orden o contrato formal alguno no implica en modo alguno la inexistencia de contrato, sino el incumplimiento de un requisito de perfeccionamiento. Por lo tanto, “al haberse beneficiado de los bienes y servicios de terceros sin culpa de ellos, Corpocesar utilizó la conciliación prejudicial para legalizar los hechos cumplidos tantas veces mencionados, con lo que el funcionario investigado pudo infringir los principios que rigen la contratación estatal (…)”.
En consecuencia, para el Ministerio Público el investigado pese a advertir que no podía comprometer los recursos públicos, habría utilizado la figura de la conciliación prejudicial para legalizar hechos cumplidos.
La falta fue calificada provisionalmente como gravísima cometida a título de dolo porque el investigado sabía que la actividad contractual está reglamentada y no podía adquirir obligaciones que no estuvieran estipuladas en un contrato u orden de servicios y, adicionalmente, habría utilizado la figura de la conciliación prejudicial para legalizar hechos cumplidos.
