Septiembre 30 de 2017, Aguachica. Capturado Guillermo Rangel Martínez condenado a 56 meses de prisión por irregularidades en entrega de lotes en Puerto Wilches.
Guillermo Rangel Martínez de 59 años de edad, natural de Villanueva, Santander, fue capturado el pasado 29 de Septiembre del presente año, en las instalaciones del CTI de Barrancabermeja.
Sobre Rangel, se conoció que ya pesaba una orden de captura en su contra emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja, por los delitos de Peculado por Apropiación en favor de tercero, prevaricato por acción y fraude procesal.
La Investigación fue adelantada por funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía de Barrancabermeja y coordinada por la Fiscalía 9 seccional de Administración Pública de la seccional Magdalena Medio.
Los hechos
En junio de 2007 el Incoder emitió concepto favorable ante la solicitud de adjudicación de predios baldíos a 28 personas en la vereda Caño Grande, de Puerto Wilches.
Se adjudicaron 1.400 hectáreas, a pesar de que la extensión máxima de una unidad agrícola familiar es de 60 hectáreas, por lo que desde ese momento se habría configurado la primera irregularidad.
En junio de 2008 los adjudicatarios le vendieron las tierras a la empresa Palmeras Salinas S.A., la cual fue sancionada por la CAS luego de que se verificara que en el lugar se estaban realizando obras que atentaban contra el medio ambiente.
Dos años después, el 19 de julio de 2011, el Incoder revocó los 28 actos administrativos que oficializaron la adjudicación de predios baldíos.
Con informacion de vanguardia.com
Antecedentes
En el año 2008 la procuraduría empezó la investigación por irregularidades en entrega de lotes en Puerto Wilches (Santander). El Ministerio Público levantó pliego de cargos contra funcionarios de la regional Barrancabermeja del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
Los hechos que dieron origen a la decisión tuvieron lugar a partir del año 2004 en Barrancabermeja, cuando al parecer ocho ex funcionarios de manera irregular omitieron la obligación a su cargo de efectuar el examen y reconocimiento de los predios baldíos ubicados en la vereda tierra prometida, corregimiento de Paturia, municipio de Puerto Wilches.
Por presuntamente haber incurrido en las irregularidades descritas la Procuaduría levantó pliego de cargos contra Jorge Armando Garzón Pinzón, Lina Margarita Gómez González, Javier de Jesús Ovalle Martínez, Yolima Cecilia Padilla Cabrera, Fredys Faustino Joya Rondano, Guillermo Rangel Martínez, Ernesto García Martínez y Enrique Antonio Sierra Sierra.
En la actualidad, y de conformidad con la ley, para que a una persona se le adjudique un terreno baldío deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita.
Al parecer, los implicados habrían registrado en los formularios de inspección ocular, peritaje ambiental y actividad económica hechos falsos, pues aseguraron que los terrenos se encontraban debidamente explotados con cultivos de yuca, maíz, plátano y pasto para ganado cuando en realidad se comprobo en visita posterior que en los mismos no hay explotación económica pues están inundados y hacen partes de un grupo de ciénagas.
Las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo. En la misma providencia la Procuraduría decidió archivar la actuación en contra de Hernando Londoño Acosta y Guillermo Alfonso Suesca Sánchez por no encontrar irregularidades en sus labores.
Con infomacion de eltiempo.com
La denuncia fue oficiada en el año 2012, cuando el señor Guillermo Rangel Martínez laboraba en la antigua empresa del estado INCODER.
En noviembre de 2014 El CTI capturó a 17 personas por adjudicación irregular de predios
Según las autoridades, los adjudicatarios no eran campesinos de la región ni tenían mínimo cinco años explotando los terrenos, las cuales son características imprescindibles para lograr la adjudicación de baldíos, de acuerdo con la Ley 160 de 1994, la cual reformó el Incoder.
Además, las tierras no era suelos aptos para agricultura o ganadería, sino que se trataba de humedales.
Los 28 particulares investigados en el caso están siendo procesados por varios delitos, entre ellos falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y prevaricato por acción. Estos dos últimos en calidad de determinadores.
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