Ante la contundencia de las pruebas recolectadas por el fiscal seccional de la Unidad de Vida que adelantó la investigación, Rafael Alejandro Nieto Saldarriaga, de 43 años de edad y estudiante de segundo semestre de culinaria, aceptó  cargos por el delito de homicidio culposo y fue condenando a 34 meses de prisión.

Los hechos investigados ocurrieron el 17 de marzo de 2016, cuando Ximena López Cuervo fue intervenida en un centro estético del barrio El Poblado de la capital antioqueña por Nieto Saldarriaga, quien no estaba capacitado para esta clase de procedimientos invasivos. Seis días después la mujer falleció en un centro asistencial por complicaciones derivadas de la intervención irregular.

“La muerte de Ximena López Cuervo se derivó de insuficiencia respiratoria, como consecuencia secundaria de embolismo pulmonar por silicona”, dictaminó el Instituto Nacional de Medicina Legal luego de la necropsia practicada al cuerpo de la joven de 21 años de edad, que se sometió a un procedimiento estético para aumento de sus glúteos.

La Fiscalía General de la Nación estableció que además de la impericia del procesado, los elementos químicos utilizados (silicona) no estaban autorizados por las autoridades de salud para eses tipo de intervenciones invasivas.

La sentencia fue proferida por el Juzgado 12 Penal del Circuito de Medellín, despacho que le concedió el beneficio de la libertad condicional previo el pago de una caución de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. El fallador también ordenó el pago de una multa de $26’426.771.

Así publicaron un vídeo en las redes sociales 

El juez 12 Penal del Circuito condenó hoy al chef de cocina Rafael Nieto Saldarriaga a 34 meses de prisión domiciliaria y al pago de una multa a favor del Estado por valor de 26 millones 426 mil pesos, por el homicidio culposo de la joven Ximena López Cuervo

El año pasado fueron detenidas 21 personas entre estudiantes y egresados por estar presuntamente involucradas en los mismos hechos.

Como Milher Fabián Tovar Rubiano fue identificado un ingeniero de sistemas que estaría involucrado en una presunta red dedicada a alterar las notas académicas para favorecer a estudiantes de la Universidad de la Amazonía de Florencia (Caquetá).

El procesado, quien no aceptó los cargos imputados por el ente acusador por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir y daño informático, ejercía como ingeniero de sistemas de la Universidad en diciembre del año 2013 y hasta 2014, cuando ocurrieron los hechos. Actualmente era profesor de la misma y fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria.

El ente acusador cuenta con elementos de prueba y evidencia física como peritajes técnicos, verificaciones y entrevistas a testigos —entre ellas de varios estudiantes—, que lo señalan como el encargado de maniobrar de manera irregular el sistema llamado Chaira para mejorar las notas que estaban por debajo de 3.0, con tal de que alumnos que iban perdiendo semestres y que quizá no podrían graduarse de diferentes facultades, lo lograran sin problema.

Se presume que Tovar Rubiano se concertó con estudiantes y otras personas de la institución educativa con la finalidad de mejorar las notas, por lo cual cobraban sumas que oscilaban entre $50.000 y $600.000 aproximadamente.

Los estudiantes y egresados beneficiados de manera irregular serían de las facultades de Ingeniería de Alimentos, Derecho, Contaduría, Administración de Empresas y Administración Financiera.

Desarticulada red criminal señalada de instrumentalizar a niños para el tráfico de drogas

Lucha contra el microtráfico

La Fiscalía y la Policía Nacional lograron la captura de 15 personas presuntamente vinculadas con La Banda de San José.

Luego de más de un año de investigaciones que incluyeron interceptaciones, seguimientos y verificaciones, la Fiscalía General de la Nación en una labor conjunta con la Policía Nacional asestó el más duro golpe contra una organización criminal dedicada a la venta de estupefacientes, conocida como La Banda de San José.

Los investigadores establecieron que esta organización, durante dos años, utilizó a 10 niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos relacionados con el hurto a residencias, tráfico de drogas y venta de armas. Asimismo los habrían usado como “campaneros” para lograr evadir controles de las autoridades.

Esta práctica, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, dejó al descubierto el caso de una madre que habría puesto al servicio de la red delincuencial a su hijo de 13 años.

Capturados

Por estos hechos la Fiscalía General  de la Nación obtuvo ante los respectivos jueces de control de garantías 15 órdenes de captura contra las personas al parecer involucradas, entre ellos, Eduard Jonhatan Mojica Vanegas, alias el Mono, quien sería el cabecilla de la estructura delincuencial.

Mojica Vanegas murió en las últimas horas como consecuencia de un enfrentamiento con los integrantes de la Fuerza Pública que adelantaban el operativo de captura. Los otros detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de Villavicencio (Meta).

La Fiscalía imputará cargos por los delitos de uso de menores de edad en la comisión de ilícitos, concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y hurto agravado.

Las penas que podrían imponerse a los miembros de esta estructura ilegal oscilan entre los 13 años y 30 años de cárcel.

Los menores de edad ya están bajo protección del Instituto Colombiano de bienestar Familiar (Icbf), entidad que iniciará a su favor el procedimiento administrativo de restablecimiento de sus derechos.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta  información por razones de interés general.