La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana debido al agravamiento de la situación de seguridad en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Según el organismo, la actividad de grupos criminales y estructuras armadas ilegales ha instaurado un sistema de control territorial que pone en riesgo a las comunidades y vulnera los derechos humanos.
La información revela que las dinámicas ilegales en esta región ya no se limitan a incidentes aislados de criminalidad urbana, sino que se han transformado en un modelo de «gobernanza criminal». Este modelo establece reglas de comportamiento, regula la vida cotidiana en áreas vulnerables y restringe la movilidad de los ciudadanos a través de lo que se denomina “fronteras invisibles”.
En su evaluación, la Defensoría identifica varios grupos delictivos que operan en la zona, como ‘Los del Sur’, ‘Los del Norte’, ‘San Rafael’, ‘Los Claverianos’, ‘Los Paparotes’, ‘Choricaldas’, ‘Los Manchados’ y remanentes de ‘La Cordillera’. Asimismo, se alerta sobre la presencia de células del ‘Tren de Aragua’, dedicadas a actividades como el sicariato, extorsión y el comercio de drogas.
El documento también indica que Bucaramanga ha emergido como un corredor estratégico para grupos como el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia. Esto se debe a su ubicación geográfica, que facilita conexiones con zonas críticas como el Catatumbo y la frontera con Venezuela. Una de las preocupaciones principales es la creciente expansión del mercado de drogas sintéticas, como el «tusi», MDMA, LSD y ketamina, que se están comercializando cada vez más a través de plataformas digitales, lo que amplifica su acceso en entornos escolares y recreativos.
Además, la Defensoría señala un aumento preocupante en el reclutamiento de menores, quienes son utilizados para transportar drogas, armas y dinero, y para tareas de vigilancia criminal. Se evidencia que algunas estructuras delincuenciales continúan llevando a cabo homicidios y extorsiones desde las cárceles de Palogordo y La Modelo, con la ayuda de tecnologías como drones que facilitan el ingreso de drogas y armas.
Entre las amenazas documentadas, se encuentran ataques contra funcionarios del Inpec por parte de grupos como el denominado ‘Mago’, en represalia por medidas de control en las cárceles.
El informe también destaca las diferentes vulnerabilidades que enfrentan algunos sectores poblacionales. Por ejemplo, las mujeres trans reportan altos niveles de violencia de género y la pérdida de sus medios de subsistencia a causa del control ejercido por organizaciones criminales. A la par, comerciantes y líderes sociales sufren extorsiones y amenazas, mientras que migrantes, habitantes de calle y firmantes del Acuerdo de Paz son particularmente riesgosos frente a estas estructuras.
Ante esta alarmante situación, la Defensoría ha propuesto un conjunto de 27 recomendaciones dirigidas a diferentes entidades gubernamentales, incluyendo los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. Estas sugerencias incluyen el fortalecimiento de las capacidades de investigación, la mejora de la seguridad en los centros penitenciarios mediante el uso de tecnología antidrones, y la implementación de medidas para prevenir el reclutamiento de menores y combatir economías ilegales en el entorno digital.
Finalmente, la Defensoría advierte que, si no se toman medidas oportunas, las estructuras criminales podrían afianzar su control sobre nuevos territorios, aumentar la producción y distribución de drogas sintéticas, expandir las redes de extorsión y profundizar el reclutamiento de menores, lo que resultaría en un deterioro de la seguridad y los derechos humanos en el área metropolitana de Bucaramanga.
