Bogotá, 13 de febrero de 2026 — El Consejo de Estado de Colombia decretó la suspensión provisional del aumento del salario mínimo para 2026, que había sido fijado por el Gobierno en un incremento del 23,7 %, y ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días con fundamento técnico y legal.
Suspensión Provisional del Decreto 1469 de 2025
El alto tribunal emitió una medida cautelar que frena temporalmente los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, por medio del cual el Gobierno nacional había fijado el salario mínimo legal vigente (SMLV) para el año 2026 en $1.750.905 pesos mensuales.
La suspensión no representa una anulación definitiva del aumento, sino una orden precautelar mientras se evalúa la legalidad y fundamentación técnica del acto administrativo.
¿Por Qué Suspendió el Consejo de Estado el Aumento?
La decisión responde a múltiples demandas acumuladas que cuestionan el decreto presidencial por no cumplir con criterios técnicos y legales previstos en la Ley 278 de 1996, como:
- Índice de inflación real del año anterior.
- Meta de inflación definida por el Banco de la República.
- Indicadores de productividad y crecimiento económico.
- Otros parámetros técnicos vinculados a la economía.
El tribunal concluyó que el decreto no presentó suficiente justificación técnica económica y legal para sustentar una alza de tal magnitud, lo que generó dudas sobre su correspondencia con el marco normativo vigente.
¿Qué Ocurre con el Salario Mínimo de 2026?
Aunque la suspensión es provisional, el Consejo de Estado requiere al Gobierno emitir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días desde la notificación oficial, en el que fije el porcentaje de aumento y el valor total del salario mínimo para 2026 conforme a los criterios legales.
Hasta tanto no ocurra la publicación de este nuevo decreto, el salario mínimo vigente no se entenderá legalmente como aumentado en 23,7 %. No obstante, los pagos ya realizados y las obligaciones calculadas con base en ese decreto permanecerán sin efectos retroactivos, según la decisión judicial.
Reacciones Políticas y Económicas
La medida judicial ha generado debat e incertidumbre política y económica. Líderes del sector público han definido la decisión como una controversia legal más que técnica, mientras que sectores económicos plantean que una alza de esta magnitud sin fundamentación sólida podría generar tensiones en la economía y en el mercado laboral.
El Gobierno ahora enfrenta la urgencia de presentar una propuesta revisada que cumpla con los criterios establecidos por la ley, en medio de expectativas tanto de trabajadores como de empleadores.
Implicaciones para Empresas y Trabajadores
La suspensión cautelar genera incertidumbre temporal para más de 2 millones de trabajadores formales que se verían beneficiados por el aumento récord. También obliga a las empresas a esperar claridad sobre las cifras que deberán aplicar en sus nóminas, cálculos de prestaciones, contribuciones y obligaciones laborales vinculadas al SMLV.
