La reciente instalación de reductores de velocidad frente a la universidad en Aguachica no fue una medida tomada por casualidad, sino el fruto de una Acción Popular liderada por el abogado Frayd Segura. La demanda fue presentada ante el Instituto Nacional de Vías (Invías), involucrando a la Alcaldía de Aguachica, al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, y al Departamento del Cesar. En ella, se solicitaba la implementación de medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en un tramo altamente transitado por estudiantes y peatones, específicamente entre los postes de referencia 66° y 67°.
Gracias a este proceso legal, no solo se logró la instalación de los reductores, sino también la reparación de la vía y la colocación de señalización adecuada. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿es esto suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos?
En una entrevista con el abogado Frayd Segura, comentó: «Es necesario tomar todas las medidas que garanticen la seguridad vial de los ciudadanos, y especialmente que este tramo continúe siendo transitado sin poner en riesgo a familias y negocios comerciales que dependen de ello. Esto debe ser un trabajo en equipo entre la ciudadanía, la administración municipal y el Invías.»
Con más de 20,000 personas afectadas directamente por la inseguridad vial en la zona, la comunidad se pregunta cuál es la solución definitiva. ¿Serán necesarios semáforos, un puente peatonal aéreo, más reductores de velocidad, o incluso un cruce peatonal subterráneo? Son preguntas que la comunidad debe comenzar a plantearse y soñar con soluciones más amplias y definitivas.
Aunque los reductores de velocidad puedan parecer una pequeña modificación, su impacto en la prevención de accidentes y la protección de la vida de los transeúntes es significativo. La comunidad de Aguachica valora este tipo de gestiones que demuestran que la acción legal y la participación ciudadana pueden generar cambios tangibles para mejorar la seguridad vial en el municipio.






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