Líder social en Aguachica enfrenta cargos por secuestro extorsivo y tentativa de homicidio.

0
14

Andrés Pérez Villalba, un político y líder social, fue arrestado en Aguachica, Cesar, por su supuesta implicación en una red de secuestros en el sur del departamento. Se le acusa de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, secuestro extorsivo, secuestro simple, hurto calificado agravado y tentativa de homicidio.

Las autoridades identifican a Pérez Villalba como alias ‘Andrés’, el presunto cabecilla de un grupo criminal que opera bajo el nombre de ‘Los de Andrés’. Este operativo fue ejecutado por el Gaula de la Policía y el Gaula Militar Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía 234 Especializada DECOC, y resultó en la captura de cinco personas adicionales junto a él.

Las investigaciones en curso lo vinculan al secuestro de los ganaderos Sergio Tamayo y Alexander Ramírez, así como de los soldados profesionales Elmis José Cañas García y Dios Emiro Gutiérrez Barbosa. Dichos secuestros ocurrieron entre el 14 y el 15 de octubre de 2025 en una zona rural de Río de Oro.

Participa en los concursos de Joanpa Noticias: suscríbete gratis al bot de Telegram y recibe tu número personal

Un miembro del esquema de protección de Pérez Villalba, conocido como alias ‘Eyder’, también fue detenido. Este individuo, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), supuestamente utilizó su arma de servicio para coaccionar a las víctimas de la organización criminal.

Como parte de los allanamientos realizados en Aguachica y Río de Oro, las fuerzas del orden confiscaron varios objetos, incluyendo una pistola con cuatro cargadores, 45 cartuchos, una chaleco balístico, cuatro teléfonos celulares, un computador portátil y un radio de comunicaciones.

Andrés Pérez Villalba, reconocido por su candidatura a la Alcaldía de Aguachica y su participación en movimientos de reivindicación de tierras, ahora enfrenta procesos judiciales. Junto con los otros arrestados, estará a la espera de las audiencias preliminares, donde la Fiscalía deberá presentar las pruebas ante un juez de control de garantías y formular las imputaciones correspondientes. La responsabilidad penal de los implicados será determinada durante este proceso judicial.