La detención de Néider Yesid Uñates López, conocido por el apodo ‘Primo Gay’, ha generado una intensa controversia judicial y política, tras las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, quien lo señaló públicamente como el autor del asesinato de 13 policías en Antioquia.
Durante la presentación de los detenidos en Montería, Córdoba, el presidente lo calificó con términos como “miserable” y “asesino despreciable”, y las autoridades lo investigan por su presunta implicación en varios actos de violencia.
Sus declaraciones llevaron a un juez de control de garantías a ordenar el envío de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que examine la actuación del mandatario y determine la necesidad de acciones dentro de sus atribuciones.
Esta decisión también implica remitir el caso a la Procuraduría General de la Nación para investigar la posible participación de otros funcionarios públicos en la presentación de los detenidos ante los medios.
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¿Por qué un juez solicitó examinar la actuación del presidente?
La controversia surgió durante las audiencias que se realizaron tras la captura de Uñates López y otro individuo, Henry Esneider Herón Serna.
De acuerdo con el acta del Juzgado 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín, se consideró necesario informar a las autoridades pertinentes sobre las circunstancias en que los detenidos fueron expuestos públicamente.
El juez cuestionó las palabras utilizadas en contra de los capturados y sugirió la necesidad de investigar si dicha exhibición pública perjudicó sus garantías constitucionales, especialmente la dignidad humana y la presunción de inocencia.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes deberá evaluar los hechos relacionados con la intervención presidencial dentro de sus competencias.
Asimismo, la Procuraduría deberá determinar si es necesario identificar y analizar la actuación de los funcionarios públicos que presuntamente autorizaron, organizaron o participaron en la exhibición de los detenidos ante los medios de comunicación.
La remisión de copias no implica que el mandatario sea considerado responsable ni significa que haya una sanción judicial en su contra. Es simplemente una transmisión de información para que las autoridades competentes evalúen si corresponde realizar futuras acciones.
Alias ‘Primo Gay’ enviado a prisión
A pesar de los cuestionamientos sobre la presentación pública, el juez declaró válidas las capturas, aprobó la imputación hecha por la Fiscalía y ordenó la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.
Esto indica que las observaciones sobre la actuación presidencial no anulan el procedimiento de captura ni evitan que los procesados permanezcan en prisión mientras avanza la investigación.
Néider Yesid Uñates López fue detenido el 14 de noviembre en una zona rural de Briceño, Antioquia, durante un operativo conjunto de las autoridades.
Informes indican que estaba entre los hombres más buscados en Antioquia y era considerado un presunto miembro de grupos armados ilegales.
Las investigaciones lo vinculan con el Frente 36 de las disidencias de las FARC y con posibles conexiones con el Clan del Golfo.
También es objeto de investigación por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.
Uno de los casos más graves que lo involucra es el ataque a un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, que resultó en la muerte de 13 oficiales.
No obstante, su supuesta participación en dicho ataque sigue siendo objeto de investigación judicial y no implica una culpabilidad probada a través de una sentencia condenatoria.
Gobierno defiende al presidente De la Espriella
La respuesta del Gobierno se emitió el 17 de noviembre a través de un comunicado de la Presidencia, en el cual el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, expresó su rechazo a las críticas sobre las declaraciones del presidente.
Ordóñez afirmó que el presidente tiene la responsabilidad de confrontar a las organizaciones criminales y defendió el empleo de términos contundentes contra quienes se ven involucrados en actos violentos.
En su declaración, el ministro cuestionó la justificación para evaluar la actuación del mandatario por su lenguaje dirigido a una persona asociada con serias investigaciones penales.
“¿Qué debería llamar el Presidente al terrorista alias ‘Primo Gay’ para no ofenderlo? ¿Respetable ciudadano, excelencia o su señoría?”, planteó Ordóñez.
El funcionario también destacó que, desde la perspectiva del Gobierno, existe una contradicción entre pedir acciones firmes contra organizaciones criminales y cuestionar las expresiones del mandatario.
En el comunicado, el Ejecutivo reafirmó su compromiso de mantener un discurso directo en relación con quienes son identificados como responsables de actos de terrorismo y homicidio.
La postura oficial deja en claro que el Gobierno respalda las declaraciones del presidente y rechaza las críticas surgidas tras su intervención en Montería.
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¿Puede un presidente llamar asesino a alguien que no ha sido condenado?
Más allá de las declaraciones del Gobierno, el caso abre un debate sobre los límites del discurso de los funcionarios públicos hacia personas capturadas y bajo proceso penal.
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia establece que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad judicialmente.
Esta garantía no impide que las autoridades informen sobre capturas, investigaciones o acusaciones relacionadas con delitos graves, pero sí exige diferencia entre una persona investigada, acusada y una cuyo nivel de responsabilidad penal ya ha sido decidido por una sentencia.
Además, el artículo 1 de la Constitución reconoce la dignidad humana como uno de los pilares del Estado colombiano.
La discusión jurídica radica en determinar si las declaraciones del presidente y las condiciones bajo las que se realizó la exhibición pública de los detenidos son compatibles con estas garantías.
En este caso, el juez consideró que había suficientes razones para remitir los hechos a las autoridades pertinentes, sin pronunciarse sobre una posible responsabilidad del mandatario.
La decisión tampoco influye en la situación judicial de alias ‘Primo Gay’, quien sigue privado de la libertad por orden judicial.
Un debate entre seguridad, justicia y garantías constitucionales
La controversia enfrenta dos cuestiones que no son necesariamente excluyentes: la obligación del Estado de combatir a las organizaciones criminales y el deber de respetar los derechos fundamentales de todas las personas sometidas a la justicia.
Por un lado, el Gobierno sostiene que las palabras del presidente son un reflejo de la gravedad de los delitos que se imputan a los detenidos y de su política de confrontación contra la criminalidad.
Por otro lado, la decisión judicial establece que la gravedad de los delitos investigados no anula las garantías constitucionales de quienes aún no han sido condenados.
El caso seguirá siendo manejado por las autoridades a las que se enviaron las copias, que deberán decidir si se deben llevar a cabo nuevas acciones.
Mientras tanto, el proceso penal contra Néider Yesid Uñates López continuará su trayectoria bajo las normas del debido proceso.
La pregunta central sigue siendo: hasta dónde puede llegar el discurso de un presidente respecto a una persona acusada de crímenes graves sin vulnerar la presunción de inocencia y la dignidad humana.





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