Más de 300 organizaciones y figuras destacadas de Argentina y América Latina han solicitado al Congreso la creación de una ley destinada a proteger a niños y adolescentes en el entorno digital. Esta propuesta establece diez puntos clave, cuyo objetivo es imponer responsabilidades a las plataformas digitales sobre sus servicios, la recopilación de datos y los contenidos que promueven.
La campaña, bajo el lema “Está hecha la trampa, pero no la ley”, ha recibido el respaldo de entidades como Amnistía Internacional Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, Chicos.net, y Protección Digital Argentina, entre otras. Además, se han unido organizaciones como OBSERVACOM, Faro Digital y Grooming Argentina.
Un estudio realizado por UNICEF y UNESCO, titulado Kids Online Argentina 2025, revela que el 80% de los 5.910 estudiantes, de entre 9 y 17 años, encuestados en escuelas urbanas utilizan redes sociales diariamente. Asimismo, un 46% de los jóvenes mencionó experimentar problemas relacionados con el uso de internet, teléfonos móviles o videojuegos, incluyendo intentos fallidos de limitar su tiempo en línea e implicaciones negativas para su rendimiento escolar.
Carolina Martínez Elebi, licenciada en Ciencias de la Comunicación y profesora en la UBA, explica el enfoque de la campaña, que busca regular a las empresas tecnológicas en cuanto a sus diseños y modelos de negocio. “No pueden actuar a su antojo si eso implica vulnerar derechos, especialmente los de los menores, quienes son sujetos de derechos que el Estado tiene la obligación de proteger. Por ello, se deben establecer límites claros sobre qué productos y servicios pueden ofrecer”, señala.
Diez Propuestas para la Protección en Internet
La iniciativa, que aspira a erigir las bases de una futura ley de protección digital, propone las siguientes medidas:
- Prevención de riesgos: Las plataformas deben identificar y reducir los posibles daños antes de que se materialicen.
- Seguridad en el diseño: La privacidad y la protección deben integrarse desde el desarrollo de las aplicaciones.
- Verificación de edad segura: Las plataformas deben poder verificar la edad de sus usuarios sin comprometer su privacidad.
- Protección de datos: Se busca prohibir el uso de la información de niños y adolescentes para crear perfiles comerciales o publicidad personalizada.
- Transparencia en los algoritmos: Las empresas deben explicar cómo funcionan sus sistemas de recomendación y por qué ciertos contenidos tienen mayor visibilidad.
- Control estatal: Los servicios digitales deberán evaluar su impacto sobre los derechos de los menores y estar sujetos a supervisión.
- Políticas públicas: Se deberán fortalecer las iniciativas educativas digitales, así como el apoyo a la salud y la prevención.
- Participación juvenil: Es fundamental que los jóvenes participen en las decisiones sobre las plataformas que utilizan.
- Sanciones efectivas: Las empresas que violen la ley deben ser sancionadas.
- Educación digital integral: Proveer a los jóvenes de herramientas para protegerse en internet y evaluar los contenidos.
Los organizadores de esta campaña mantienen diálogos con diputados y senadores de diversos partidos políticos para incorporar estas propuestas al debate legislativo, con la intención de que ambas cámaras avancen en la creación de esta ley antes de finalizar el actual período legislativo.
Además, la propuesta contempla un espacio de participación juvenil para recoger las opiniones y preocupaciones de los más jóvenes sobre el entorno digital. Las adhesiones a la campaña se pueden realizar mediante el sitio web protecciondigitalya.org.
Desafíos en la Regulación de Plataformas
La campaña también exige que las plataformas expliquen el funcionamiento de sus sistemas de recomendación, como el “infinite scroll”, que promueve un consumo constante de contenido. Estas decisiones son cruciales, ya que determinan qué publicaciones y videos tienen visibilidad en las plataformas.
Martínez Elebi sugiere que es necesario contar con un organismo competente que pueda auditar estos sistemas y evaluar sus efectos en el público joven. Si bien se reconoce la importancia de proteger la propiedad intelectual y los secretos comerciales, es esencial que haya una regulación que garantice la transparencia.
En Estados Unidos, una reciente demanda federal presentada por 33 estados contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acusa a la compañía de diseñar funciones que propician el uso compulsivo entre los menores y engañan al público sobre los riesgos asociados a sus plataformas. A estos problemas se suman miles de demandas por supuestos daños a la salud mental de los jóvenes, resaltando el impacto negativo del diseño de las aplicaciones.
Recientemente, un jurado de Los Ángeles considera a Meta y Google responsables por el diseño de sus plataformas y por no advertir sobre los peligros de su uso. Como resultado, se han establecido compromisos que incluyen límites de uso diario y bloqueos en horarios nocturnos, aunque con opciones para la autorización parental.
Martínez Elebi enfatiza que las empresas con impacto en la salud pública no pueden seguir autorregulándose. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, subraya que aunque internet es un espacio vital para la formación y expresión de los jóvenes, también representa un entorno de riesgos y vulnerabilidades que requieren una regulación efectiva.
“Es urgente avanzar hacia una legislación que imponga responsabilidades concretas a las plataformas y garantice mecanismos de prevención y protección que escuchen las voces de los jóvenes”, concluye Belski. También se suman a esta causa organizaciones como la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.
