La Corte ha decidido mantener la emergencia económica debido al terremoto, pero ha limitado el uso de recursos y ha requerido al Gobierno que justifique los gastos extraordinarios.
La Corte Constitucional declaró como válida la emergencia económica, social y ecológica establecida por el Gobierno de Abelardo De La Espriella el 19 de agosto de 2026, en respuesta al terremoto de magnitud 7.4 que afectó el suroccidente del país el pasado 10 de agosto.
Sin embargo, el tribunal limitó el uso de las facultades excepcionales y la gestión de los recursos públicos. Se dictó que las medidas deben estar directamente relacionadas con las consecuencias del desastre y no podrán destinarse a resolver problemas estructurales preexistentes.
Esta decisión se formalizó en la sentencia C-366 de 2026, bajo la ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, y fue aprobada con siete votos a favor y uno en contra.
¿Qué municipios podrán acceder a los recursos de emergencia?
Uno de los principales límites establecidos por la Corte se relaciona con el alcance territorial de la emergencia. El tribunal especificó que no todos los municipios de los departamentos incluidos en los decretos tendrán acceso automático a los recursos y beneficios de la emergencia.
Las medidas extraordinarias se destinarán únicamente a aquellos municipios que reportaron daños como consecuencia del terremoto y sus réplicas, según la información proporcionada en el informe situacional 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Asimismo, podrán incluirse otras localidades si el Gobierno demuestra, con información verificable y soporte técnico de la UNGRD, que se vieron afectadas de manera directa por el fenómeno.
El Decreto 1348 del 31 de agosto modificó la delimitación territorial inicial, excluyendo a Putumayo e incluyendo a Caquetá y Santander. Sin embargo, la Corte aclaró que pertenecer a esos departamentos no garantizará automáticamente el acceso a las ayudas.
El Gobierno no podrá invocar la emergencia para atender problemas previos al terremoto
La Corte también impuso límites a las facultades extraordinarias del Ejecutivo, indicando que éstas no podrán ser utilizadas para abordar problemas estructurales que ya existían antes del 10 de agosto de 2026.
En la decision, el tribunal hizo referencia explícita a los problemas del sistema penitenciario y carcelario, enfatizando que no podrán ser abordados utilizando estos poderes excepcionales derivados de la emergencia económica.
Para las tareas de rehabilitación y reconstrucción, el Gobierno deberá demostrar que los mecanismos ordinarios de financiamiento no son suficientes y que las intervenciones están directamente relacionadas con la recuperación de las áreas afectadas.
Además, las medidas deberán contribuir al restablecimiento de las condiciones de vida de las comunidades, mejorando la infraestructura, los servicios y las actividades socioeconómicas, sin replicar situaciones de riesgo.
Corte impuso cinco condiciones para la gestión de recursos públicos
Uno de los aspectos centrales de la sentencia se refiere a la financiación de la emergencia. La Corte estableció cinco condiciones para la administración y ejecución de los recursos extraordinarios:
- Destinación exclusiva: los recursos deben ser usados exclusivamente para hacer frente a las consecuencias del terremoto, y no podrán destinarse a otros gastos o al déficit fiscal del país.
- Recalculación del costo de la emergencia: el Ministerio de Hacienda debe realizar un nuevo cálculo de los costos asociados a atender la situación de emergencia y determinar las adiciones presupuestales necesarias.
- Justificación de gastos extraordinarios: las entidades que realicen gastos deberán justificar, mediante actos administrativos, por qué no pueden usar los mecanismos ordinarios de financiación y requieren recursos de emergencia, incluso para el dinero aún no comprometido.
- Coordinación financiera con las regiones: el Gobierno nacional deberá colaborar con las entidades territoriales afectadas para distribuir responsabilidades financieras, respetando su autonomía.
- Creación de mecanismos de seguimiento: debe establecerse un sistema independiente para administrar y ejecutar los recursos de emergencia, que permita realizar un seguimiento constante sobre su uso y garantizar que los organismos de control tengan información permanente.
Con respecto al ajuste presupuestario, la Corte ha otorgado un plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación del comunicado de la providencia para que el Ministerio de Hacienda recalibre los costos de la emergencia y las adiciones requeridas.
Durante la presentación del fallo, el magistrado ponente, Juan Carlos Cortés González, enfatizó que los recursos no podrán usarse para cubrir el déficit fiscal ni para gastos no relacionados con la emergencia.
El Gobierno deberá implementar un plan de recuperación
La providencia también instó al presidente Abelardo De La Espriella, en su rol de líder del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a llevar a cabo y ejecutar un plan de acción específico para la recuperación, conforme al Decreto 1171 de 2026.
Este plan deberá incluir una programación plurianual de recursos necesarios para la rehabilitación y reconstrucción, así como asegurar la continuidad de las actividades durante las distintas fases de la recuperación.
Además, la Corte solicitó que las medidas tengan en cuenta las necesidades particulares de las comunidades afectadas, utilizando información desagregada que permita identificar las circunstancias de los diversos grupos poblacionales y focalizar la atención en quienes están en situación de vulnerabilidad.
La falta de información sobre algunas comunidades no debería convertirse en un obstáculo para recibir asistencia estatal, por lo que las entidades tendrán que realizar las verificaciones necesarias.
Con esta decisión, la Corte ha mantenido la declaración de emergencia económica, pero ha condicionado su aplicación para evitar que las facultades extraordinarias y los recursos públicos se utilicen en cuestiones ajenas a la atención y recuperación de las áreas impactadas por el terremoto.
