Una auditoría especial de la oficina de Control Interno de Prosperidad Social identificó presuntas irregularidades en 23 nombramientos provisionales realizados entre el 4 y el 6 de agosto de 2026, durante los últimos días del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.
El informe, identificado como auditoría especial AE-01-2026 y fechado el 17 de noviembre, advierte que los procedimientos utilizados para proveer estos cargos de planta podrían haber afectado los derechos de funcionarios de carrera administrativa, quienes presuntamente no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho preferencial antes de que se realizaran las posesiones.
De acuerdo con el documento, 14 de las 23 personas nombradas ocuparon sus cargos el 6 de agosto, cuatro días antes de que los actos administrativos fueran publicados, según los registros examinados.
Seis nombramientos habrían beneficiado a personas del despacho anterior
La auditoría señala que seis de las personas nombradas habrían pertenecido al equipo del exdirector de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya: dos secretarias y cuatro asesores.
Según el informe, estas personas pasaron a ocupar cargos de planta en dependencias como la Secretaría General, Contratación y Talento Humano, así como en las direcciones misionales de Transferencias Monetarias, Acompañamiento Familiar y Soberanía Alimentaria.
Otro de los hallazgos indica que diez resoluciones fueron tramitadas y firmadas por el entonces director sin completar la cadena de revisión y elaboración establecida en el procedimiento interno.
Además, el equipo encargado de provisión de empleos tuvo que reconstruir la correspondencia de ocho nombramientos, debido a que, según el documento, no fue posible obtener la información necesaria directamente del despacho de la dirección.
Funcionarios de carrera habrían perdido la oportunidad de reclamar
La revisión se originó después de que la actual directora general de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, solicitara una auditoría especial tras recibir 34 quejas de servidores de la entidad y del Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial).
El sindicato había cuestionado públicamente si el mérito continuaba siendo el criterio para proveer los cargos de carrera administrativa.
La directora señaló que se debía garantizar el debido proceso y permitir que los funcionarios que ingresaron mediante concurso pudieran ejercer sus derechos frente a las vacantes disponibles.
El informe advierte posibles riesgos de reclamaciones administrativas y demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que algunos servidores de carrera no habrían conocido oportunamente los actos de nombramiento.
Informe será remitido a la Procuraduría y la Contraloría
Como parte de las conclusiones, la Oficina de Control Interno anunció que remitirá copia del informe a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.
El propósito es que estos organismos conozcan los hallazgos y determinen, dentro de sus competencias, si corresponde iniciar actuaciones de investigación o control.
Por ahora, los hallazgos corresponden a riesgos y presuntas irregularidades documentadas en una auditoría interna. La determinación de eventuales responsabilidades individuales corresponde a las autoridades competentes.
La revisión pone bajo análisis los procedimientos de provisión de empleos realizados durante los últimos días de la administración anterior en Prosperidad Social.





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