77 Familias Campesinas en Valledupar Denuncian Amenazas e Intimidaciones

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En la zona rural de Valledupar, la situación de 77 familias campesinas que habitan la finca La Alquería se ha vuelto alarmante. Desde que el Estado les otorgó este terreno hace aproximadamente seis meses, sus vidas se han visto perturbadas por amenazas, coacciones y actos de hostigamiento que, según denuncian, buscan forzarlas a abandonar las tierras.

Representantes de asociaciones campesinas y de mujeres rurales han alzado la voz sobre esta problemática, destacando que las amenazas afectan no solo a las familias, sino también a sus líderes, generando un clima de incertidumbre sobre su permanencia en la finca.

Salvador Lara Hernández, portavoz de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar, describió las intimidaciones como situaciones inquietantes, mencionando que a uno de los líderes le enviaron bolsas mortuorias a la casa de sus hijas, un acto que evidenciaría la gravedad de la amenaza.

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La Alquería, que abarca 466 hectáreas, formó parte del proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno anterior, en el marco de los acuerdos de paz de 2016. Sin embargo, el predio tiene un oscuro trasfondo, ya que anteriormente estuvo relacionado con Hugues Rodríguez, un exjefe paramilitar que se declaró culpable en Estados Unidos por narcotráfico, de acuerdo con información del senador Iván Cepeda.

La fiscal de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, Mayelis Mendoza, reveló que individuos a los que identifican como ex trabajadoras de los antiguos ocupantes han advertido a los nuevos beneficiarios que no siembren ni inviertan en las parcelas, alegando que las tierras aún pertenecerían a Rodríguez y que, en consecuencia, tendrían que ser devueltas.

Mendoza también denunció actos de sabotaje, como el corte de cercas que delimitan los terrenos, lo que ha permitido el acceso de ganado y ha causado daños en cultivos de maíz, yuca, patilla, caña y plátano.

Por otro lado, Fabián Carrillo, director ejecutivo de la misma asociación, mencionó que han recibido mensajes advirtiendo que cualquier inversión en las tierras podría ser en vano si el predio regresa a su antiguo propietario. «No queremos que un terreno entregado para reparar a las víctimas caiga nuevamente en manos de los victimarios», afirmó Carrillo.

La angustia que sienten estas familias contrasta profundamente con las expectativas generadas por la adjudicación del terreno, efectuada en mayo por el gobierno de Gustavo Petro, tras más de diez años de reclamaciones. Para los campesinos, recibir La Alquería representaba una oportunidad para cultivar sus propias tierras y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, las amenazas que enfrentan han puesto en grave riesgo sus esperanzas y su tranquilidad. Los representantes de las organizaciones campesinas advierten que este temor está afectando tanto su producción agrícola como su bienestar general.