La Operación Hexano dejó 22 personas capturadas en cinco departamentos de Colombia, en medio de una investigación contra una presunta organización criminal dedicada al apoderamiento y la comercialización ilegal de hidrocarburos. El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.
El presidente Abelardo de la Espriella destacó los resultados del operativo mediante una publicación en su cuenta de X, en la que calificó la acción como un «contundente golpe a las mafias del robo de hidrocarburos».
Según el mandatario, la organización investigada habría hurtado cerca de un millón de galones de hidrocarburos entre enero de 2025 y septiembre de 2026, una actividad que, de acuerdo con el balance oficial, habría generado ganancias ilegales y afectaciones económicas superiores a los 1.200 millones de pesos.
Operación Hexano: cinco departamentos intervenidos
El operativo contempló diligencias judiciales en cinco departamentos: Cesar, Bolívar, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca.
De acuerdo con la información divulgada sobre el procedimiento, las autoridades realizaron 13 diligencias de registro y allanamiento para avanzar en la desarticulación de la estructura investigada.
La investigación busca establecer cómo operaba la presunta organización, cuáles eran sus mecanismos para sustraer el combustible y de qué manera se realizaba su comercialización ilegal.
Los 22 capturados deberán responder ante las autoridades judiciales por las conductas que les sean atribuidas dentro del proceso. Su responsabilidad individual tendrá que determinarse conforme a las pruebas recaudadas y las decisiones de la justicia.
Presuntos vínculos con grupos armados ilegales
En su publicación, De la Espriella aseguró que las ganancias criminales de esta actividad habrían beneficiado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Los Pachenca y al Clan del Golfo.
Este señalamiento constituye uno de los aspectos centrales de la investigación, debido a la posible relación entre el comercio ilegal de hidrocarburos y la financiación de organizaciones armadas.
Sin embargo, la información divulgada no detalla cuánto dinero habría recibido cada estructura ni precisa los mecanismos mediante los cuales se habrían transferido los recursos. Estos elementos deberán ser establecidos por las autoridades competentes.
Investigan presunta filtración de información
Otro de los aspectos mencionados por el presidente fue la posible participación de funcionarios en redes de complicidad.
Según afirmó, entre los afectados por la operación estarían personas que presuntamente habrían filtrado información privilegiada para facilitar las actividades ilegales de la organización.
Hasta el momento, el pronunciamiento no identifica a esos funcionarios ni especifica las entidades a las que pertenecerían. Tampoco permite establecer si todos los señalados están entre las 22 personas capturadas.
Pérdidas superiores a $1.200 millones
El balance presentado por el Gobierno cifra en más de 1.200 millones de pesos las pérdidas económicas relacionadas con las actividades investigadas.
La sustracción y comercialización ilegal de combustible afecta el patrimonio y puede comprometer la seguridad de la infraestructura utilizada para transportar hidrocarburos. Por ello, las autoridades buscan identificar tanto a quienes ejecutaban las sustracciones como a los posibles responsables de recibir y comercializar el producto.
El mensaje del presidente tras el operativo
Al referirse a los resultados de la Operación Hexano, el presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a la Fuerza Pública y aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones contra las estructuras criminales.
«En la Patria Milagro la ley se respeta y se protege el patrimonio de los colombianos», escribió el mandatario en su cuenta de X.
La investigación deberá continuar para esclarecer la participación de los capturados, determinar el alcance económico de las actividades ilegales y establecer si existieron vínculos comprobables con grupos armados o funcionarios públicos.
Aunque el Gobierno presenta la Operación Hexano como un golpe contra las mafias del robo de hidrocarburos, las responsabilidades penales de los investigados deberán definirse en los procesos judiciales correspondientes, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
