La Gobernación de Santander ha informado sobre la implementación de recompensas que podrían ascender hasta los $100 millones por cualquier información que contribuya a evitar posibles atentados contra personal del Inpec y para identificar a los responsables de los recientes homicidios de dos de sus funcionarios. Este anuncio se realizó luego de llevar a cabo un consejo extraordinario metropolitano de seguridad en Girón, el cual fue convocado a raíz del asesinato del dragoneante Diego Armando Acevedo Garzón, quien fue fatalmente atacado a tiros la noche del miércoles 14 de octubre mientras se encontraba en su restaurante en el barrio Río de Oro de Girón. Acevedo, quien tenía cerca de 18 años de experiencia en el servicio del Inpec y laboraba en la cárcel de Palogordo, lamentablemente se convirtió en la víctima de un ambiente tenso marcado por amenazas e intimidaciones dirigidas al personal de custodia y vigilancia del Instituto Penitenciario y Carcelario.
Lamentablemente, este no es un caso aislado. El pasado 6 de agosto del mismo año, Efraín Quesada Urrego, un inspector del Inpec de 54 años, fue asesinado mientras se dirigía a su trabajo en Palogordo. Estos dos crímenes en tan solo dos meses han generado preocupación entre los trabajadores penitenciarios y sus sindicatos, quienes han denunciado constantes amenazas y demandan acciones concretas de protección tanto dentro como fuera de las instalaciones carcelarias.
Ante esta situación, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) ha solicitado una respuesta articulada y ha recordado que el riesgo para estos funcionarios no desaparece al concluir su jornada laboral, como lo demuestra el lamentable suceso de Acevedo, quien fue atacado en su propio negocio.
Como parte de las medidas adoptadas tras el consejo de seguridad, se ha decidido reforzar los operativos de la Policía y el Ejército en la zona rural de Girón, especialmente en Palogordo. Se establecerán puestos de control, patrullajes motorizados y se aumentará la presencia de la Fuerza Pública en la región. La Alcaldía de Bucaramanga colaborará con la provisión de motocicletas para apoyar las labores del Ejército, mientras que la Dirección Nacional del Inpec se ha comprometido a fortalecer las medidas internas de seguridad y autoprotección de sus funcionarios.
Douglas Arenas, secretario del Interior en funciones en Santander, ha asegurado que la investigación del crimen de Acevedo avanza por una vía con alta probabilidad de éxito y se espera ofrecer pronta respuesta a la comunidad afectada. Además, hizo un llamado a la concienciación por parte del personal del Inpec sobre los riesgos a los que están expuestos, instándolos a tomar precauciones al concluir su jornada laboral para regresar a sus hogares sin contratiempos.
A nivel nacional, el Gobierno también ha tomado medidas. Tras una reunión entre el ministro de Justicia, Iván Cancino, el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero, y el director de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, se acordó la creación de un grupo especial de tareas destinado a investigar los ataques contra funcionarios del Inpec perpetrados por sicarios. Este grupo estará conformado por un equipo de policía judicial encargado de recopilar pruebas e identificar a los responsables. Asimismo, se han solicitado medidas especiales de protección para los funcionarios del Inpec y sus familias, con el objetivo de dar con los autores de los homicidios y las amenazas difundidas en videos.
En paralelo, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Girón han solicitado al Gobierno Nacional la celebración de un consejo de seguridad para evaluar la situación actual y coordinar nuevas estrategias. Por ahora, las autoridades continúan trabajando arduamente para determinar la autoría de los asesinatos y de los mensajes intimidatorios que han circulado recientemente.
