La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado una pena alternativa de seis años y tres meses de prisión al coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, quien fue hallado responsable de 38 asesinatos que fueron erróneamente clasificados como muertes en combate de miembros de grupos armados. Estos crímenes están relacionados con el fenómeno de los falsos positivos y ocurrieron cuando Figueroa Suárez dirigía una unidad del Batallón La Popa en Valledupar, entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005. Entre las víctimas se encontraban personas de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo.
Durante el proceso judicial, Figueroa Suárez aceptó su responsabilidad en 24 de los casos, aunque su reconocimiento llegó de manera tardía. El caso, que inicialmente se tramitaba por la vía adversarial, fue trasladado a un procedimiento dialógico restaurativo tras la admisión de los hechos por parte del exmilitar, quien participó en audiencias los días 27 y 28 de agosto.
La condena no solo implica la privación de la libertad, sino también la obligación de cumplir con 11 medidas restaurativas, las cuales buscan reparar el daño causado, contribuir al esclarecimiento de la verdad y honrar la memoria de las víctimas. Entre estas obligaciones se incluye la realización de acciones públicas para restaurar el buen nombre de los fallecidos, la entrega de información para localizar a personas desaparecidas y la implementación de iniciativas de memoria en las comunidades afectadas. Además, se han emitido órdenes para que entidades estatales faciliten la búsqueda de desaparecidos, aseguren el acceso a reparaciones materiales, revoquen las condecoraciones otorgadas al coronel y realicen un acto público de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, no todos los familiares de las víctimas consideran que esta decisión es suficiente. Karen Castro, hermana de una de las víctimas, ha manifestado su descontento con la sentencia y ha anunciado su intención de apelar. Su reacción pone de manifiesto las diferencias entre las expectativas de las familias que buscan justicia y las medidas adoptadas por la justicia transicional.
Para la JEP, el reconocimiento de responsabilidad, las contribuciones a la verdad y el cumplimiento de las medidas restaurativas son fundamentales en su respuesta judicial a estos crímenes. La efectividad de estas obligaciones dependerá de su correcta implementación y de los resultados que generen para las víctimas y las comunidades involucradas. Esta sentencia es la quinta emitida por la JEP en el marco de sus macrocasos y representa la segunda sanción alternativa impuesta tras un reconocimiento tardío de responsabilidad por parte de un alto mando militar. La JEP ha emitido un total de 3.618 decisiones con efectos de sentencia hasta la fecha.
