La Procuraduría Provincial de Valledupar está investigando al exsecretario de Hacienda de La Jagua de Ibirico, Edier Vera Ramírez, por un presunto manejo irregular de diversos elementos que estuvieron bajo su responsabilidad mientras ocupaba su cargo como funcionario público.
Se ha puesto bajo la lupa un computador portátil, un escáner y un escritorio, que forman parte de los bienes que han generado la actuación disciplinaria en curso por parte del Ministerio Público en contra del exfuncionario.
Según la investigación, estos elementos fueron entregados para el cumplimiento de sus labores oficiales y, aparentemente, no se habría realizado formalmente la devolución de los mismos a la administración municipal durante el año 2022.
La Procuraduría busca esclarecer las circunstancias en las que permanecieron estos elementos y determinar si Vera Ramírez ha incurrido en una conducta contraria a sus deberes como servidor público. En este sentido, se le han formulado cargos y se ha calificado provisionalmente su conducta como falta grave cometida a título de culpa grave.
Edier Vera Ramírez ha rechazado los señalamientos y ha manifestado que este asunto ya había sido objeto de una actuación disciplinaria anterior, presentando explicaciones y pruebas al respecto. Alega que los equipos ingresaron debidamente a la Secretaría de Hacienda y que posteriormente hubo un acuerdo interno sobre su uso por parte de otras dependencias municipales.
El exsecretario también ha cuestionado las razones de retomar el proceso, sugiriendo un posible trasfondo político en la actuación disciplinaria, vinculando el caso con sus críticas recientes hacia una iniciativa de empréstito por parte de la administración municipal.
Es importante destacar que la formulación del pliego de cargos es solo una etapa dentro del proceso disciplinario y no implica una declaración definitiva de responsabilidad. La Procuraduría deberá valorar pruebas, escuchar argumentos de defensa y determinar si realmente existió una conducta reprochable relacionada con la custodia y devolución de bienes públicos durante el transcurso de la investigación.
