El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella prepara un proyecto de ley estatutaria denominado Estatuto Antiterrorista, con el que busca ampliar las herramientas jurídicas, financieras y operativas del Estado para combatir organizaciones armadas y estructuras criminales. El borrador, conocido por Caracol Radio, tiene 116 páginas y contempla más de 130 artículos, según los reportes publicados sobre la iniciativa.
La propuesta todavía debe surtir el trámite correspondiente ante el Congreso de la República y someterse al control previo de constitucionalidad. Por tanto, las medidas descritas corresponden al borrador divulgado y no deben presentarse como normas vigentes.
Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas
Uno de los ejes centrales del proyecto es crear un registro oficial de organizaciones y actores considerados terroristas. Según el borrador, una instancia técnica elaboraría los expedientes y el Consejo de Seguridad Nacional tomaría las decisiones de inclusión mediante actos administrativos.
La iniciativa plantea que el registro sea público y que su consulta sea obligatoria para entidades financieras, notarios y otros actores definidos en el proyecto. También contempla un procedimiento para solicitar la exclusión de la lista y mecanismos para controvertir las decisiones.
Congelamiento de activos y restricciones económicas
La inclusión en el registro podría activar el congelamiento de fondos, activos y recursos económicos vinculados con las personas u organizaciones señaladas. Además, mientras permanezcan en la lista, tendrían restricciones para contratar con el Estado y acceder a subsidios, programas, beneficios y recursos públicos.
El alcance de estas medidas dependerá del texto definitivo y de las garantías que se establezcan para revisar las decisiones y proteger los derechos de los afectados.
Nuevos delitos y aumento de penas
El borrador propone crear delitos y modificar sanciones relacionadas con conductas como el uso violento de drones, la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el contrabando, la trata de personas, los delitos informáticos y los ataques contra infraestructura crítica.
También plantea agravantes cuando determinados delitos beneficien a personas u organizaciones incluidas en el registro. En el caso de las asonadas, contempla incrementos de las penas en circunstancias específicas relacionadas con ataques contra la Fuerza Pública o la participación de organizaciones listadas.
Alto Comisionado contra el Terrorismo
La iniciativa contempla crear el cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El borrador establece que sería designado por el presidente para un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección.
Asimismo, propone otorgar facultades extraordinarias al jefe de Estado durante seis meses para reglamentar aspectos relacionados con esta estructura institucional.
Régimen especial para cabecillas y beneficios por colaboración
Entre las medidas penitenciarias planteadas figuran pabellones o establecimientos específicos para cabecillas de organizaciones terroristas, restricciones a las visitas y limitaciones de las comunicaciones, con excepciones relacionadas con el ejercicio de la defensa.
En sentido contrario, el proyecto también contempla beneficios para integrantes que colaboren eficazmente con las autoridades. Según el borrador divulgado, la reducción podría llegar hasta el 60 % de la pena cuando se aporte información relevante y efectiva antes de la acusación formal, bajo las condiciones previstas en la propuesta.
¿Por qué genera controversia?
Los promotores sostienen que el estatuto permitiría debilitar las finanzas de las organizaciones armadas y mejorar la coordinación estatal contra el terrorismo. Sin embargo, sectores de oposición han advertido sobre posibles riesgos relacionados con la amplitud de los criterios para incluir personas u organizaciones en el registro, las garantías judiciales y los efectos sobre la protesta, el periodismo y la oposición política.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que las observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Embajada de Estados Unidos buscan contribuir a mejorar el texto. Esto no equivale a una aprobación formal de la iniciativa por parte de esas entidades.
¿Cuándo podría entrar en vigor?
Al 12 de octubre de 2026, la información consultada describe una propuesta en preparación para su trámite legislativo. Al tratarse de una ley estatutaria, deberá cumplir los requisitos especiales de aprobación, incluida la mayoría absoluta en el Congreso, su trámite dentro de una sola legislatura y la revisión previa de la Corte Constitucional.
El alcance definitivo del Estatuto Antiterrorista dependerá del articulado que se presente y apruebe, así como de las decisiones de las autoridades judiciales. Entre los asuntos centrales del debate están los criterios para ingresar al registro, las pruebas necesarias, los mecanismos de defensa y los límites de las facultades del Ejecutivo.
