Los recientes ataques terroristas en el Catatumbo, específicamente en el departamento de Norte de Santander, han desencadenado un aumento significativo en el desplazamiento forzado y han agravado una crisis humanitaria en la región. La Defensoría del Pueblo ha solicitado a las autoridades tanto locales como nacionales que implementen medidas efectivas para ofrecer atención integral a las familias afectadas y prevenir futuros confinamientos y violaciones de derechos.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 21 de octubre, cuando se registraron detonaciones de explosivos controlados por drones en el municipio de El Tarra, afectando tanto el casco urbano como áreas rurales. Entre las personas impactadas se encuentra una adolescente que ya está recibiendo atención médica en centros de salud cercanos.
Ese mismo día, más de 50 familias se desplazaron hacia el centro de El Tarra. En respuesta a esta emergencia, la Personería Municipal activó un plan de contingencia para evaluar la situación de los núcleos familiares afectados, en el contexto de un prolongado conflicto armado en la región.
La violencia no se limita a El Tarra; se reportan también enfrentamientos armados y amenazas que afectan a comunidades de San Calixto y El Carmen, lo que profundiza la crisis humanitaria en Catatumbo. Desde el inicio de 2026, El Tarra ha sido uno de los lugares más golpeados, con un registro de 1.447 personas desplazadas, correspondientes a 611 familias provenientes de zonas rurales.
En San Calixto, el uso de drones ha forzado el desplazamiento de aproximadamente 200 familias, es decir, cerca de 600 personas, desde veredas del corregimiento de La Cristalina y otras zonas colindantes con El Tarra. Hasta ahora, se han documentado desplazamientos adicionales de familias desde La Azulita hacia El Tarra, así como el caso de una niña herida por esquirlas de un artefacto explosivo que está recibiendo atención médica en Ocaña.
Las autoridades locales están proporcionando apoyo y asesoría a los desplazados, mientras se sigue de cerca la evolución de la situación humanitaria. La violencia provocada por los ataques con drones también ha resultado en pérdidas de vidas y ha ocasionado daños físicos y psicológicos a los afectados.
Además, en la noche del 22 de octubre, se reportó el secuestro de un comerciante de 69 años en Ocaña. Informes indican que fue interceptado por hombres armados mientras se dirigía a su propiedad y lo trasladaron a una zona rural. Las autoridades han desplegado un operativo para localizarlo.
Es fundamental recordar que la población civil no debe ser parte de los conflictos ni ser objeto de ataques o amenazas. El derecho internacional humanitario exige que las partes involucradas en tales confrontaciones respeten a la población civil y sus bienes. Asimismo, el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las comunidades, garantizando su seguridad y acceso a servicios esenciales y asistencia humanitaria.
Se continuará realizando un seguimiento exhaustivo, así como acciones de monitoreo y prevención, para proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas y evaluar la evolución de la situación humanitaria en la región.
