El Gobierno ha ampliado sus capacidades de seguridad en los últimos años, incorporando tecnologías como el monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial y uso de inteligencia artificial para prevenir delitos. Sin embargo, un informe regional destaca los riesgos de expandir estas capacidades sin fortalecer los mecanismos de control adecuadamente, lo que podría comprometer derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la posibilidad de cuestionar al poder.
El informe «En la mira 2: un panorama de las amenazas digitales en América Latina», elaborado por Derechos Digitales en el marco del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), se centra en Argentina y señala que la Resolución 428/2024 permitió a las fuerzas federales monitorear redes sociales para prevenir delitos, ampliándose posteriormente con decretos y resoluciones que otorgan facultades similares a la Policía Federal.
La creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, firmada por la exministra Patricia Bullrich en 2024, ha permitido el análisis de cámaras, reconocimiento facial y la predicción de futuros delitos. Sin embargo, la falta de controles efectivos plantea preocupaciones sobre posibles abusos y violaciones a derechos fundamentales.
El informe también examina cómo las publicaciones en redes pueden ser utilizadas para clasificar a usuarios según sus posiciones políticas, lo que plantea interrogantes sobre la recolección y análisis de datos por parte del Estado. Se destaca la importancia de establecer límites claros para evitar prácticas de vigilancia encubierta y posibles actos de hostigamiento contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
En América Latina, Brasil y otros países han implementado sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos, como el programa Smart Sampa en San Pablo, generando preocupaciones sobre la privacidad y el consentimiento informado. Además, se mencionan casos de filtraciones de datos en varios países de la región, destacando la necesidad de establecer medidas para proteger la información personal de los ciudadanos.
En resumen, el informe resalta la importancia de garantizar que las tecnologías de vigilancia y recolección de datos respeten los derechos humanos, sean transparentes y estén sujetas a controles efectivos para prevenir posibles abusos y garantizar la privacidad y la libertad de expresión en la era digital.
