La Superintendencia Nacional de Salud excluyó temporalmente a 26 prestadores y proveedores de un proceso de giro directo por un valor de $38.724 millones, luego de identificar inconsistencias en la información presentada para respaldar las obligaciones que serían objeto de pago.
De acuerdo con la información divulgada, la revisión estuvo relacionada con las postulaciones realizadas durante septiembre por algunas EPS ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), destinadas al pago de servicios del régimen subsidiado.
La Supersalud cruzó la información disponible y encontró diferentes situaciones que generaron alertas. Entre ellas aparecen valores postulados por encima de las obligaciones registradas, solicitudes de giro a terceros sin una deuda reconocida en la información analizada y variaciones significativas frente a los promedios mensuales registrados durante 2026.
Supersalud ordenó una medida preventiva
La entidad también identificó debilidades en los controles aplicados por algunas EPS antes de presentar las postulaciones, así como expedientes que no contenían suficiente documentación para establecer el origen de determinadas obligaciones.
Ante estas situaciones, los 26 prestadores y proveedores fueron excluidos temporalmente del giro por los $38.724 millones. Según la información suministrada, la medida tiene carácter preventivo y busca permitir la verificación de la existencia, consistencia y trazabilidad de las obligaciones antes de que los recursos sean desembolsados.
La decisión implica que el dinero no será girado mientras se adelantan las verificaciones correspondientes. Para ello, se solicitarán explicaciones, documentos y soportes a las entidades involucradas, con el propósito de determinar cuáles obligaciones cuentan con respaldo suficiente.
Revisión sobre los recursos de la salud
El giro directo es un mecanismo mediante el cual la ADRES transfiere recursos directamente a los prestadores de servicios de salud, de acuerdo con las obligaciones reconocidas y los procedimientos establecidos. Su objetivo es facilitar el flujo de recursos hacia quienes prestan directamente los servicios.
En este caso, las autoridades deberán determinar si las inconsistencias detectadas corresponden a errores administrativos, deficiencias en los soportes u otras situaciones que requieran actuaciones adicionales. La información divulgada señala que existe un proceso de verificación y que las conclusiones deberán establecerse a partir de la documentación correspondiente.
La revisión ocurre en medio de las dificultades que enfrentan diferentes instituciones de salud por el flujo de recursos y busca establecer que los pagos realizados mediante el sistema de giro directo correspondan a obligaciones debidamente sustentadas.
