La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) atraviesa un nuevo movimiento en su estructura directiva luego de que el general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López solicitara la renuncia protocolaria a varios funcionarios recientemente nombrados en la entidad.
La solicitud fue confirmada el 17 de septiembre y está dirigida a funcionarios que habían llegado a cargos directivos durante la administración del anterior director encargado, Carlos Ríos, quien actualmente se desempeña como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). ?0?
Seis funcionarios recibieron la solicitud
Entre los funcionarios mencionados se encuentran Laura Melisa Ceballos Delgado, directora de Gestión Institucional; el coronel (r) Jesús Eduardo Cruz Silva, director de Contrainteligencia; el coronel (r) Giovanni Antonio Madariaga Pérez, director de Inteligencia; el coronel Hernando Antonio Vallejo Valencia, subdirector de Operaciones; el teniente coronel (r) Jorge Ignacio Calixto Guauque, subdirector de Análisis; y el teniente coronel (r) Carlos Arturo Narváez Martínez, asesor de la Dirección. ?1?
La denominada renuncia protocolaria no significa por sí misma que los funcionarios hayan sido retirados definitivamente. Se trata de la puesta a disposición de los cargos ante el nuevo nominador, quien posteriormente puede decidir si los ratifica o realiza cambios en la estructura.
Un cambio tras la llegada de Zuluaga
Jorge Andrés Zuluaga López asumió la dirección de la DNI después de que su nombramiento fuera formalizado mediante el Decreto 1374 del 9 de septiembre de 2026. El general retirado cuenta con trayectoria en inteligencia militar y anteriormente ocupó cargos como director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército. ?2?
La información disponible sobre las renuncias protocolarias confirma el movimiento dentro de la cúpula de la entidad, pero no establece que la decisión haya sido motivada por hallazgos de corrupción, infiltraciones o investigaciones internas como se afirma en el texto inicial.
Por esa razón, esos señalamientos no pueden presentarse como hechos comprobados. Hasta el momento, los reportes consultados atribuyen la decisión a una reorganización de funcionarios que habían sido designados durante la administración anterior y no documentan oficialmente las supuestas irregularidades mencionadas.
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