Después de casi dos años de la intervención, la Nueva EPS ha vuelto a estar en el ojo de la Procuraduría General de la Nación debido a la falta de resultados suficientes y sostenidos para mejorar el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera de la EPS. El organismo de control ha señalado que, después de 23 meses, varios de los indicadores que justificaron la intervención han empeorado significativamente.
Según el informe de la Procuraduría, la Nueva EPS enfrenta problemas que afectan directamente a sus usuarios, hospitales y demás prestadores. Se ha registrado un aumento en las PQR y tutelas, dificultades en la entrega de medicamentos, barreras en el acceso a especialistas, problemas de continuidad en los tratamientos, un crecimiento en las cuentas médicas pendientes y deficiencias en la información financiera y operativa de la aseguradora.
Además, se han emitido alertas territoriales que indican que las dificultades de la Nueva EPS no son casos aislados. La Procuraduría también ha revisado las actuaciones de los responsables durante la intervención, identificando posibles conductas con incidencia disciplinaria, incluyendo a personas como Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y otros que han ocupado cargos importantes durante diferentes momentos de la medida.
En cuanto a las medidas de la intervención, la Procuraduría concluye que no se han cumplido los objetivos establecidos, ya que los indicadores que motivaron la intervención han empeorado significativamente. Se han identificado problemas como el aumento de las PQR y tutelas, la falta de estados financieros certificados, una siniestralidad superior al 100 %, anticipos no amortizados, entre otros.
Ante este panorama, la Procuraduría ha solicitado fortalecer el seguimiento interinstitucional, exigir planes de acción verificables al agente interventor y mejorar la garantía de flujo de recursos a hospitales y prestadores, entre otras prioridades. La investigación disciplinaria continuará evaluando las actuaciones de los funcionarios y agentes interventores para determinar posibles faltas disciplinarias y establecer responsabilidades individuales.
En resumen, la intervención en la Nueva EPS no ha logrado el impacto deseado en la mejora del acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera de la entidad, lo que ha llevado a la Procuraduría a advertir sobre la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas estructurales para superar los problemas que persisten en la aseguradora.
