El Gobierno Nacional anunció la firma de un decreto mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La medida, según lo señalado en el anuncio, no representa una autorización para portar armas de manera indiscriminada, debido a que se mantienen los requisitos, controles y permisos establecidos.
La decisión fue presentada como un cambio frente a las restricciones generales que durante años limitaron el porte de armas de fuego por parte de ciudadanos autorizados. El Gobierno argumentó que, mientras se aplicaban estas restricciones, las organizaciones criminales continuaron adquiriendo armas de manera ilegal.
Se mantienen requisitos y controles
El anuncio aclara que el levantamiento de la suspensión general no elimina las condiciones legales para acceder a un permiso de porte. Los ciudadanos deberán cumplir con los requisitos y controles establecidos por las autoridades competentes para obtener la autorización correspondiente.
En el mismo pronunciamiento se entregaron cifras sobre los resultados de la Fuerza Pública frente al tráfico y utilización ilegal de armas. Entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, las autoridades habrían incautado 15.700 armas, de las cuales 14.179 estarían vinculadas a delitos.
Dentro de las armas incautadas que, según el anuncio, estarían asociadas con disidencias, se mencionan 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. Estas cifras fueron utilizadas por el Gobierno para sustentar su argumento sobre la diferencia entre el acceso legal y el armamento utilizado por organizaciones criminales.
La medida establece una diferencia entre los ciudadanos que soliciten y obtengan legalmente una autorización para portar un arma y quienes las poseen o utilizan al margen de la legislación. En este último caso, las autoridades mantienen sus facultades para perseguir el porte y la tenencia ilegal.
El levantamiento de la suspensión general deberá aplicarse dentro del marco de las normas vigentes y de los procedimientos establecidos para la autorización del porte de armas de fuego. La información suministrada en el anuncio no implica que cualquier ciudadano pueda portar un arma sin cumplir previamente los requisitos correspondientes.
