El Gobierno nacional ha declarado el estado de desastre nacional debido al riesgo significativo que representa el fenómeno climático de El Niño. Se advierte que 558 municipios en Colombia podrían enfrentar problemas de abastecimiento de agua en los próximos meses. Esta medida tiene como objetivo agilizar la asignación de recursos para hacer frente a esta emergencia climática, la cual se prevé que se extienda hasta principios de 2027, afectando a millones de colombianos.
La alerta fue presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, basándose en datos técnicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según estas entidades, las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales muestran el desarrollo del fenómeno de El Niño, con una probabilidad superior al 95% de fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026.
Se han identificado 15 departamentos en Colombia con mayor vulnerabilidad ante los efectos de El Niño, entre ellos La Guajira, Magdalena, Cesar, y Boyacá, entre otros. Además, se alerta sobre un corredor de municipios que enfrentan una doble amenaza al haber sido afectados recientemente por intensas lluvias y ahora enfrentar una prolongada sequía.
De los 1.103 municipios en Colombia, 558 han sido clasificados con un riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua potable. La situación es especialmente crítica en 111 municipios considerados como los más vulnerables, especialmente en las zonas rurales. Se espera que la disminución de las lluvias tenga un impacto significativo en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.
El Gobierno advierte que los efectos de El Niño no se limitarán al abastecimiento de agua, pudiendo impactar otros sectores del país. Se prevén consecuencias como la disminución de caudales y fuentes hídricas, aumento del riesgo de incendios forestales, afectaciones a la producción agropecuaria, posibles dificultades en el suministro de energía, y deterioro de la calidad del aire y los suelos.
La ministra encargada de Vivienda, Ruth Quevedo Fique, destaca la importancia de fortalecer la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en la planificación territorial. Señala que es fundamental integrar estas medidas en el ordenamiento territorial, la vivienda, la infraestructura de agua y saneamiento, y el desarrollo urbano para proteger vidas, reducir pérdidas económicas y construir territorios resilientes frente a los efectos cada vez más severos del cambio climático.
