El presidente Abelardo De La Espriella ha tomado la decisión de revocar todas las mesas de negociación que se establecieron durante el Gobierno de Petro con diferentes grupos armados. Esta medida también incluye la finalización de diálogos con bandas en Medellín, Buenaventura y Quibdó.
Además, se han derogado las designaciones de negociadores que representaban al Gobierno en dichos procesos, los cuales implicaron un gasto significativo de más de $7.000 millones en honorarios para voceros, representantes y negociadores, excluyendo otros costos como seguridad, viáticos y gastos adicionales pagados por el Estado.
Durante el gobierno anterior, se llevaron a cabo negociaciones con el ELN, las Disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y se mantuvieron acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. También se establecieron diálogos con bandas en diferentes regiones del país, en los cuales se designaron negociadores tanto por parte de las estructuras armadas como del Gobierno.
En un comunicado, el presidente De La Espriella enfatizó que el Gobierno nacional no permitirá que los escenarios institucionales sean utilizados para prolongar actividades delictivas, obtener beneficios procesales o evadir la justicia. Aquellos que quieran renunciar a las armas deberán someterse a la ley, mientras que aquellos que persistan en actos de violencia contra la población serán enfrentados con la fuerza pública de manera legal y legítima.
