La Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar ha presentado un pliego de cargos contra el concejal de La Paz, Lain Herald Rodríguez Brito, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del operador del concurso de méritos para la elección del personero municipal del periodo 2024-2028.
Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando el Concejo Municipal abrió una convocatoria pública para contratar la institución encargada de llevar a cabo el proceso. Entre los requisitos exigidos se encontraba la acreditación de programas académicos en Derecho, Administración Pública, Ciencias Políticas y Psicología.
Según la investigación disciplinaria, la Corporación Universitaria CENDA, única entidad que presentó oferta, no habría cumplido plenamente con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. A pesar de esto, Rodríguez Brito, en su calidad de primer vicepresidente de la corporación en ese momento, firmó el informe de evaluación donde se afirmaba que la institución cumplía con los requisitos exigidos.
Basándose en esa evaluación, el presidente del Concejo Municipal en ese momento procedió a adjudicar y firmar el contrato con la institución educativa en octubre del mismo año.
La Procuraduría ha calificado provisionalmente la conducta investigada como una falta grave por culpa grave y ha ordenado que el expediente avance a la etapa de juzgamiento disciplinario.
El caso salió a la luz tras una acción de tutela presentada por un ciudadano, la cual fue acogida por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Paz, que ordenó la suspensión del concurso de méritos para la elección del personero.
En respuesta a la decisión judicial, la mesa directiva del Concejo Municipal emitió una resolución en la que retrotrajo las actuaciones y dejó sin efecto la convocatoria inicial.
Dentro del mismo proceso disciplinario, la Procuraduría decidió archivar definitivamente las actuaciones contra otros dos miembros de la mesa directiva de la corporación.
En cuanto a la entonces segunda vicepresidenta, Cindy Carolina Zuleta, se determinó que no tuvo participación en la evaluación de la propuesta ni en la supervisión del contrato cuestionado.
En relación al expresidente del Concejo, Marcos Enrique Pérez Ramírez, se consideró que su actuación se basó en el principio de confianza legítima, ya que la adjudicación del contrato se realizó con base en el informe y aval técnico elaborado y firmado previamente por Rodríguez Brito, quien estaba encargado de la evaluación y supervisión.
El proceso disciplinario contra Rodríguez Brito seguirá en la etapa de juzgamiento, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes y se garantizará el derecho de defensa del funcionario investigado.
