Testimonios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación concluyen que miembros de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ emplearon camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) —destinadas a excombatientes del acuerdo de paz— para trasladar armamento y efectivos uniformados entre Caquetá y Tolima, eludiendo así los controles de las autoridades.
Los detalles de esta situación se han documentado en un expediente que revela cómo los grupos armados ilegales se han beneficiado de recursos estatales para incrementar su capacidad militar. Según las indagaciones, las operaciones fueron ordenadas por alias ‘Calarcá’ en septiembre de 2024, quien dispuso el movimiento de tropas desde el sur hacia Tolima con el propósito de confrontar a la facción liderada por alias ‘Iván Mordisco’ y consolidar el frente Joaquín González, bajo la guía del bloque de alias ‘John Menchas’.
Durante los interrogatorios realizados en octubre de 2025, uno de los detenidos describió el proceso, señalando que el traslado contó con el respaldo de personas protegidas que residían en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Icononzo. «Con la colaboración de alias Donald y Giovanni, quienes estaban en el ETCR de Icononzo, logramos el cruce del armamento», confesó el testigo a la Fiscalía. Este individuo aclaró que contaron con un dispositivo de seguridad proporcionado por la UNP, que incluyó varias camionetas blancas y vehículos tipo Willys.
El documento judicial detalla que el armamento, suministrado por el bloque Jorge Suárez Briceño, fue inicialmente transportado a lomo de mula hasta la zona de San Rafael, en el límite entre Huila y Tolima, donde se cargó en los vehículos oficiales. El inventario hallado incluía dieciséis fusiles, cinco pistolas de nueve milímetros y 6.000 cartuchos, junto con material de intendencia como cien uniformes, gorras y pecheras.
El operativo abarcó la movilización de aproximadamente cincuenta personas durante un período de quince días. Además de las actividades de tráfico de armas, la investigación revela que los vehículos blindados también se utilizaron para trasladar guerrilleros con órdenes de captura hacia la vereda Patio Bonito, en El Espinal, donde estos insurgentes llevaron a cabo reuniones para registrar a la población y exigir cobros extorsivos.
La investigación concluyó de manera contundente que «todas estas operaciones se efectuaron en los vehículos de la UNP, pertenecientes al esquema de seguridad de alias Donald».
En respuesta a estas revelaciones, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, afirmó no tener conocimiento de estos hechos ni de la investigación en curso. “No tenía información sobre esta grave situación, ni de que estuviera incluida en un proceso de la Fiscalía”, declaró. A pesar de ello, Rodríguez reconoció la vulnerabilidad histórica de la institución, admitiendo que «en la Unidad Nacional de Protección han ocurrido irregularidades desde su fundación». El director se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades competentes para facilitar la información necesaria ante la seriedad del asunto que involucra recursos de protección estatal en actividades ilícitas.
