Por: Fabio Alonso Vergel Serna – economista
Amables lectores el objetivo principal de la conversación con mis nietos María Alejandra y Pablo sobre economía es decirles que, en Colombia, las Tractomulas (o camiones de carga pesada), fueron los principales beneficiados con la destrucción del sistema de ferrocarriles, que hace 100 años había recibido para su financiación los 25 millones de dólares del pago por la venta o robo de Panamá. Desde entonces las pocas carreteras se volvieron más intransitables (Cúcuta- Ocaña-Aguachica), y los diseños ampliados para camiones medianos fueron superados rápidamente por enormes máquinas que triplicaron lo pensado. En este siglo se volvieron esenciales para el transporte de mercancías dado su papel crucial en la cadena logística y de abastecimiento.
Se conoce que los grandes conglomerados económicos de potentados como L.C. sarmiento, Grupo GEA- Argos, Gillinski-Bacal, Cortes Cotal, Echavarría, entre otros, tienen el control del transporte, junto a las principales empresas de transporte de carga pesada como Coltanques S.A.- especializada en el transporte de hidrocarburos, químicos, mercancías peligrosas y especiales como líquidos y químicos-, Cootranscarga, Transportadora de Carga y Courier CCA, Coordinadora Mercantil S.A., Servientrega S.A., Transportes Vigía S.A., Transportadora La Prensa S.A. (TLP), Sotranscol S.A. y las poderosas Asociaciones de Transportadores de Carga que desempeñan un papel crucial en la representación de los intereses de transportadores individuales y empresas, la negociación de tarifas y la defensa de los derechos de sus miembros, en cuyo primer lugar está la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) y la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) y Fedetranscarga.
El aumento en el precio del diésel que estaba congelado desde hace cinco años y recibe un elevado subsidio con recursos de los impuestos de la nación, en detrimento de obras públicas y gasto social. Ante la carencia de argumentos de orden económico, las señales del paro son ideológicas, llevando a que necesariamente el gobierno tenga que responder a las preocupaciones del sector de manera efectiva en las dos direcciones, política y económica, para evitar situaciones de descontento que podrían ser explotadas en escenarios de crisis como parece desprenderse de lo esperado con el paro de los camioneros.
Decía uno de sus representantes que “SE TRATA DE MEDIRLE EL ACEITE EL GOBIERNO”, lo que lleva a por lo menos insinuar la posibilidad de que las empresas de camioneros en Colombia sí están disponibles para apoyar la desestabilización del gobierno popular. El mayor antecedente de este tipo fue el papel jugado por los transportadores en el golpe de estado contra Salvador Allende en el septiembre negro de Chile en 1973. Los camioneros allí organizaron huelgas masivas preparando el ambiente propicio para consumar el golpe de Estado.
El paro en curso no puede ser entendido como una movilización social, ni comparado con las protestas indígenas, ni el estallido social, aunque pueda tener un impacto considerable, con grandes afectaciones “prediseñadas para provocar descontento por alzas de precios” (que beneficia a los intermediarios, muchos de ellos dueños también del transporte), por la reducción en la distribución de alimentos, combustible y otros productos esenciales, así como la parálisis de actividades cotidianas de la función pública, la movilidad en las ciudades y cambios en las dinámicas de educación, entre otras. Lo que está ocurriendo es una acción de poder para sumar a la fórmula de recuperación del gobierno y recomposición del Estado creado y dirigido históricamente por las élites y sus partidos.
FUENTE: Rebelión
