Después de una búsqueda de justicia que duró 19 años, el Tribunal Administrativo del Cesar emitió un fallo histórico en el que condenó al Ministerio de Defensa, la Nación y el Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Carlos Alfredo Castro Aguirres, quien fue presentado falsamente como una baja en combate. Este trágico incidente ocurrió el 30 de junio de 2004 en la vereda Cuesta de la Plata del municipio de Pueblo Bello en el Cesar.
El tribunal ordenó una indemnización total de 413 millones de pesos para los familiares de la víctima como compensación por los daños y perjuicios causados. Los beneficiarios de esta indemnización son María Otilia Aguirres Ballesteros (madre), Armando de Jesús Aguirre Ballesteros (hermano), Karen Margarita Castro Aguirre (hija), Yanelis Estella Martínez Aguirres (hija), María Isabel Aguirres Martínez (hermana) y Marys Nei Aguirres Ballesteros (hermana).
El fallo también establece que la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deben pagar indemnizaciones por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante. Estas indemnizaciones se destinan a la madre María Otilia Aguirres Ballesteros y a las hijas de la víctima, Karen Margarita Castro Aguirre y Yanelis Estella Martínez Aguirres.
Además de las compensaciones económicas, el tribunal exige que se brinden medidas para la readaptación, integración social y superación individual de los demandantes, que incluyen tratamientos psiquiátricos, psicológicos y terapéuticos relacionados necesarios para superar los traumas causados por la muerte de Carlos Alfredo Castro Aguirres.
Un aspecto destacado de la sentencia es que el Ministerio de Defensa debe ofrecer disculpas públicas a los familiares de la víctima como un gesto simbólico de reconocimiento de la injusticia cometida.
El Tribunal Administrativo del Cesar enfatiza que la ejecución extrajudicial de Castro Aguirres no tuvo nada que ver con su comportamiento, y que el daño causado no es imputable a la víctima, sino a la parte demandada.
Este caso trágico comenzó cuando Carlos Alfredo Castro Aguirres fue engañado con una oferta de trabajo ficticia en fincas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se le hizo recoger café en medio de la cosecha. Sin embargo, uniformados del Batallón de Artillería N° 2 La Popa cometieron el asesinato.
La familia de Castro Aguirres pasó años buscando a su ser querido antes de descubrir que había sido enterrado como un cadáver no identificado en Valledupar. Después de un proceso de investigación exhaustivo, se confirmó que el crimen ocurrió el 30 de junio de 2004 y que no hubo ningún combate real, como se afirmó inicialmente.
Este fallo histórico representa un paso hacia la justicia para las víctimas de falsos positivos en Colombia y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado y las Fuerzas Armadas en la protección de los derechos humanos. La familia de Carlos Alfredo Castro Aguirres finalmente puede obtener un cierre en su proceso de duelo y honrar la memoria de su ser querido como corresponde.
