Con la intervención de una empresa contratista, la Alcaldía Municipal terminó la investigación en el cementerio de los pobres de Aguachica, conocido también como San Martín, donde se exhumaron 59 restos óseos.
De esos, 38 restos están identificados y fueron ubicados en osarios del cementerio central, mientras que los otros 21 serán sometidos a un proceso de identificación.
“Con esto estamos dando cumplimiento a cabalidad al fallo de tutela generado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica y también al requerimiento hecho por la JEP, que ordenó el traslado de los restos encontrados en el cementerio San Martín y hacer las debidas exhumaciones para trasladarlo al cementerio central”, manifestó Martha Beetar, secretaria de Gobierno de Aguachica.
Durante la intervención participó un grupo interdisciplinario de profesionales conformado por la Oficina Jurídica del Municipio, la Coordinación del Punto de Atención a las Víctimas, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Personería Municipal de Aguachica, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y los representantes de la Mesa Municipal de Víctimas.
La exhumación se realizó mediante un plan de trabajo que puso en marcha la administración municipal del 16 al 22 de junio. Además, también buscan determinar si en el camposanto había víctimas de desaparición forzada u otros hechos registrados en el marco del conflicto armado.
Por ese motivo, en el procedimiento tuvieron participación las familias de las víctimas, quienes estuvieron acompañadas por profesionales en atención jurídica y psicológica.
“A través de este proceso todavía hay muchas víctimas que están a la espera del reconocimiento de esos cuerpos que se encuentran acá sin ninguna identificación para ellos poder tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación”, manifestó Belkis Alvarado, representante de las víctimas.
La JEP impuso las medidas cautelares sobre el cementerio a través del Decreto del 21 de abril de 2020 que se extendió por varios años.
Las otras zonas que también fueron protegidas son Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío, pertenecientes a Antioquia; La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia, de Caldas; Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra, de Santander; y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre, de Sucre.
