CNN
—
El gobierno de Perú está ofreciendo a las familias que perdieron a un familiar durante las protestas a nivel nacional entre el 8 de diciembre y el 10 de febrero alrededor de $ 13,000 en apoyo financiero, según un decreto publicado por el diario oficial “El Peruano” este martes.
A cada familia se le otorgarán aproximadamente $13.000 dólares estadounidenses (50.000 nuevos soles), mientras que los lesionados recibirán la mitad de este monto, o $6.500 dólares estadounidenses (25.000 nuevos soles), según el decreto.
Los pagos han sido catalogados como ayuda financiera para civiles y policías y no se consideran reparaciones, agrega el decreto.
Amnistía Internacional criticó al gobierno por no asumir la responsabilidad de las muertes en un comunicado.
“La asistencia económica a las personas muertas y lesionadas es un deber del Estado por la afectación patrimonial de las familias pero no exime (al Estado) de la responsabilidad de buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas por el abuso de su derechos humanos”, escribió en Twitter.
Como informó CNN por primera vez, las familias peruanas han exigido reparaciones por las muertes y lesiones en torno a las protestas desde que el expresidente Pedro Castillo fue acusado y arrestado en diciembre. Su destitución desencadenó las manifestaciones en medio de un profundo descontento por las condiciones de vida y la desigualdad en el país.
Ha habido al menos 60 muertes relacionadas con las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Perú, incluido un oficial de policía. La mayoría de esas muertes ocurrieron fuera de Lima. Hasta el 22 de febrero siete personas fallecieron en Apurímac, diez en Ayacucho y veinte en Puno por ejemplo, según la misma organización.
El anuncio del gobierno se produce después de que un informe preliminar publicado por Amnistía Internacional acusara a las autoridades peruanas de actuar con “un marcado sesgo racista” en su represión de las protestas de la semana pasada.
El grupo de derechos humanos también acusó a las fuerzas de seguridad peruanas de utilizar armas de fuego con munición letal “como uno de sus principales métodos para dispersar manifestaciones, incluso cuando no había riesgo aparente para la vida de otras personas”, una violación de las normas internacionales de derechos humanos.
CNN contactó al Ministerio de Defensa e Interior para obtener comentarios sobre el informe de Amnistía Internacional y las acusaciones de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. El Ministerio de Defensa se negó a comentar y le dijo a CNN que hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía de Perú con la que están colaborando.
Un portavoz del Ministerio del Interior también se negó a comentar, destacando la investigación en curso por parte de la oficina del fiscal.
