El personal de FUNAI, el organismo gubernamental responsable de la protección y los intereses de los indígenas brasileños, dijo que trabajar en la Amazonía se ha vuelto peligroso y, en algunos casos, mortal.
En un comunicado previo a la acción, los huelguistas pidieron «la protección inmediata de nuestros colegas indigenistas, los Pueblos Indígenas y sus líderes, organizaciones y territorios», y exigieron la renuncia del presidente de FUNAI, Marcelo Xavier.
Un trabajador de FUNAI en huelga le dijo a CNN que no sentían que su seguridad fuera tomada en serio.
«Viajamos en botes precarios, sin equipos como radio o teléfonos satelitales», dijo el trabajador, quien habló bajo condición de anonimato porque no se le permite hablar con la prensa. El trabajador se quejó de una «falta de infraestructura básica, transporte, equipo de protección (y) equipo de inspección».
CNN se ha puesto en contacto con FUNAI para comentar sobre las huelgas y los reclamos de los trabajadores participantes.
Los trabajadores también criticaron la investigación sobre las muertes de Pereira y Phillips por sufrir demoras y no enfocarse en los vínculos entre el crimen organizado y la actividad ilegal en la Amazonía.
La Policía Federal de Brasil dice que no se ha descartado ninguna línea de investigación. Varios sospechosos ya han sido arrestados por los asesinatos, y al menos otros cinco sospechosos están bajo investigación por presunta participación en el ocultamiento de los cuerpos.
Phillips, un periodista veterano que informó extensamente sobre los grupos más marginados de Brasil y sobre la destrucción que los actores criminales están provocando en el Amazonas, había viajado con Pereira para investigar los esfuerzos de conservación en el remoto valle de Javari.
Aunque oficialmente protegido por el gobierno, el salvaje Valle de Javari, al igual que otras tierras indígenas designadas en Brasil, está plagado de minería ilegal, tala, caza y tráfico internacional de drogas, que a menudo traen consigo violencia, ya que los perpetradores se enfrentan con defensores ambientales y activistas de los derechos indígenas.
Entre 2009 y 2019, más de 300 personas fueron asesinadas en Brasil en medio de conflictos por la tierra y los recursos en la Amazonía, según Human Rights Watch (HRW), citando cifras de la Comisión Pastoral de la Tierra, una organización sin fines de lucro afiliada a la Iglesia Católica.
Los pueblos indígenas en Brasil han sido objeto frecuente de este tipo de ataques, además de sufrir campañas de hostigamiento. A principios de enero, tres defensores ambientales de la misma familia que habían desarrollado un proyecto para repoblar las aguas locales con tortugas bebés fueron encontrados muertos en el estado de Pará, en el norte de Brasil. Una investigación policial está en curso.
Kara Fox y Rob Picheta de CNN contribuyeron con el reportaje.
