La acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Aduanera permitió el secuestro, con fines de extinción del derecho de dominio, de cinco bienes y cinco establecimientos de comercio, que habrían sido usados para comercializar y almacenar medicamentos de alto costo falsos.
La actividad lícita fue denunciada por un laboratorio farmacéutico, que alertó sobre la venta en diferentes ciudades del país de productos en malas condiciones y que no tenían las características originales de los tratamientos para enfermedades crónicas.
En el proceso se constató que la organización delincuencial, presuntamente, obtenía los medicamentos vencidos o deteriorados, les alteraban los registros de fabricación y fechas de vencimiento para, después, distribuirlos a menor precio o reingresarlos al sistema de salud.
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