Labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a una red criminal que estaría conformada por exempleados de la desaparecida Telecom, abogados y funcionarios judiciales que generaron pérdidas millonarias a la extinta entidad.
El presunto articulador del andamiaje ilegal fue un abogado. Este hombre fue el apoderado de cinco personas retiradas de Telecom, quienes presentaron una tutela para reclamar derechos sindicales y dineros que, supuestamente, no les fueron reconocidos durante el proceso de separación de sus funciones.
Los elementos de prueba dan cuenta de que la tutela fue asignada con un acta falsa a un juez penal municipal encargado. El funcionario, en su último día en el cargo, aceptó pretensiones de los accionantes y ordenó pagar salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social.
Para garantizar la entrega de los dineros, el fallo dispuso el embargo y secuestro de las cuentas corrientes de Telecom en Barranquilla por más de 1.700 millones de pesos. Al parecer, la suma fue entregada, a través de un título judicial, al hoy procesado. Los recursos no han sido recuperados.
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