El país aún no logra recuperarse de la controversia suscitada por el resolución de MinTIC y el pago de 70 mil millones de pesos, que este lunes derivó en la detención de Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, representante legítimo de Centros Poblados. Aún así, es importante dirigir la atención al ideal ya que esta no es la única contratación estatal y está acullá de ser la de anciano cuantía.
En las últimas horas, por ejemplo, se supo que el ministro de Honestidad, Wilson Ruiz, habría pedido comparsa de la Contraloría y la Procuraduría en una subasta pública relacionada con el suministro de alimentos a las cárceles del país. Esto, con el fin de proteger el proceso frente a posibles actos de corrupción.
Remotamente de tratarse de un resolución cualquiera, en este proceso ya publicado se tiene en recreo la suma de $411.507’087.775 (casi seis veces lo del pago perdido de MinTIC). Lo cierto es, que la preocupación no es para menos, pues la comestibles de la población carcelaria, que está a cargo de Mecanismo de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC), presenta continuas quejas por comidas en mal estado, incumplimientos en las entregas, bajo nivel de higiene en la manipulación de alimentos, entre otros factores.
En síntesis, se alcahuetería de un resolución de nueve meses para “contratar la prestación del servicio para el suministro de la comestibles a la Población Privada de la Confianza (PPL) a cargo del Instituto Doméstico Penitenciario y Carcelario (INPEC), recluida bajo modalidad intramural”.
Sumado a ello, el panorama de esta situación es todavía más de interés cuando se tiene en cuenta que muchas de estas empresas que tienen relación con la comestibles carcelaria, tienen historial de prestación irregular del servicio e incluso son o han sido investigadas por presunta colusión en contratos para la comestibles escolar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ese es el caso, por ejemplo, de LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S. o PROALIMENTOS LIBER S.A.S, dos empresas que figuraron en dicho acto oficinista (Resolución 46587 DE 2018), por “presuntamente sobrevenir incurrido en el comportamiento de colusión en procesos de selección contractual, previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en el ámbito de los procesos de selección contractual en el interior del Software de refrigerios escolares en Bogotá”.
