Semana de contundentes resultados en la lucha contra la corrupción
La Fiscalía General de la Nación avanza con el plan Bolsillos de Cristal y pone al descubierto nuevos hechos de corrupción que han puesto en peligro los recursos públicos. En la semana que termina fueron obtenidos importantes resultados en investigaciones que vinculan a alcaldes, exalcaldes, secretarios municipales, funcionarios judiciales, contratistas, entre otros.
En total fueron judicializados 7 funcionarios, 12 exfuncionarios y 13 particulares. La mayoría de los hoy procesados habrían cometido actos irregulares que comprometen $24.219’586.430. Suma adicional a los 500 mil dólares que habrían recibido el exfiscal de la JEP, Carlos Bermeo, y otras personas, cuya situación jurídica fue resuelta el pasado jueves 14 de marzo.
Los casos más destacados de la semana son:
- Imputación al exalcalde El Cerrito (Valle del Cauca).
Mauricio Martínez, alcalde de El Cerrito (Valle del Cauca), periodo 2012 – 2015, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción investiga dos posibles irregularidades en la adquisición de un predio conocido como La Aurora y cuyo proceso fue dirigido por el exmandatario con el aval de concejo municipal.
Irregularidades:
- El predio de La Aurora tenía 48 hectáreas y estaba en proceso de sucesión entre 9 personas. El exalcalde habría comprado el terreno que no estaba delimitado a solo cinco de ellas, por lo que no pudo construir el proyecto de vivienda.
- El predio fue comprado por un valor mucho más alto del que costaba realmente. El costo en los registros era de aproximadamente 2.057 millones de pesos, pero se pagó por $3.657 millones, lo que significa que se habría presentado un peculado de $1.600 millones.
Por estos hechos el exalcalde fue imputado y el juez del caso le impuso medidas no privativas de la libertad.
- Investigaciones por avalancha en Mocoa (Putumayo).
Por el delito de prevaricato por omisión, la Fiscalía imputó a la ex secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Putumayo, Marxlin Carolina Peñuela Castro. Asimismo, formuló un nuevo cargo al alcalde de Mocoa (2012-2015), Elver Porfidio Cerón, esta vez por prevaricato por omisión.
Los dos exfuncionarios son señalados de omitir su responsabilidad constitucional y no tomar acciones preventivas para evitar la tragedia ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, que dejó 336 personas muertas y alrededor de 100 desaparecidos.
- Pensiones irregulares en Telecom
El Tribunal Superior de Montería (Córdoba) condenó a 9 años y 5 meses de prisión al juez Primero Civil Municipal Montería, Gustavo Jaime Padilla, por hechos hecho cometidos cuando se desempeñó como juez promiscuo municipal de Momil (Córdoba). La Fiscalía demostró que el funcionario judicial otorgó irregularmente una pensión a un extrabajador de Telecom, reconocimiento que ascendió en su momento a $196’415.845. El juez fue sentenciado por los delitos de prevaricato por acción y peculado a favor terceros.
- Presuntas irregularidades en recaudo de impuestos en La Cumbre (Valle del Cauca).
Lina Maria Correa Dominguez, ex secretaria de Hacienda de La Cumbre (Valle del Cauca), y Harold Hernan Moreno Cardona, contratista, fueron imputados por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Se investigan presuntas irregularidades en dos contratos que tenían como objeto la asesoría y el apoyo a la Secretaria de Hacienda, en el recaudo de los impuestos en mora del municipio. Para este propósito se acordó un cobro de cuota del 30% sobre el valor de cada tributo cobrado entre 2016 y 2017. La cuantía del contrato N° 031-2016 ascendió a $118’102.900 y del contrato N° 008-2017 a $23’450.140. En total se comprometieron $141’553.040.
Por estos hechos también es investigada Blanca Liliana Montoya Hernandez, alcaldesa de La Cumbre en el periodo 2016-2019, quien será imputada en audiencia programada para mayo del presente año.
- Recapturadas 4 personas por supuestas irregularidades en contrato de conectividad de instituciones educativas en Villavicencio.
Una fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción judicializó a cuatro personas presuntamente implicadas en hechos que atentan contra la administración pública, a quienes un juez había dejado en libertad en septiembre pasado.
Se trata de Hugo Leonardo Ortiz Cárdenas, funcionario de la Alcaldía de Villavicencio; Élmer González González, representante legal de Asomaroquia (contratista); Néstor Hernando Romero García, gerente de las TIC en esa empresa; y Jaqueline Casallas Bautista, exempleada de Asomaroquia (tenía contrato por prestación de servicios).
Según la Fiscalía, los procesados estarían inmersos en las irregularidades relacionadas con el incumplimiento del convenio 0787 realizado el 11 de julio de 2016, entre la Alcaldía de Villavicencio —a través de la Secretaría de Educación— y la Asociación de Municipios de Amazonía y la Orinoquía (Asomaroquia), por un valor de $1.933’180.217, para la prestación del servicio de internet y conectividad a 149 instituciones educativas oficiales esa ciudad.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos contra los capturados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Ninguno aceptó su responsabilidad.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario. La situación jurídica les será resulta a los procesados este lunes 18 marzo.
- Medida de aseguramiento contra fiscal de la JEP Carlos Bermeo y el exsenador Luis Alberto Gil, por presuntos actos de corrupción en la JEP
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá envió a prisión al fiscal delegado ante la JEP Carlos Bermeo, al exsenador Luis Alberto Gil Castillo, así como a Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia pública, estas personas delinquen desde diciembre de 2018, cuando supuestamente se concertaron para cometer delitos contra la administración pública.
Con base en los videos obtenidos en dos hoteles en Bogotá y llevados al juez de garantías, “el exfiscal Bermeo habría recibido US 40.000 mientras que los otros procesados cerca de US 460.000 a cambio de incidir en el expediente por la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich”, indicó el fiscal del caso.
En consecuencia, irán a juicio como presuntos responsables de los delitos de cohecho, concierto para delinquir y tráfico de influencias.
- Ratificada medida de aseguramiento para alcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) por presunta corrupción.
Un juez de conocimiento del Circuito de Pereira (Risaralda) ratificó la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta contra el alcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Henry Arias Mejía, a quien la Fiscalía judicializó como presunto responsable de la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en calidad de interviniente.
La investigación está relacionada con las supuestas irregularidades cometidas en la celebración de contrato No. 291 en diciembre de 2008, que le fue adjudicado a Arias Mejía cuando ostentaba la calidad de contratista. El objeto de dicho contrato era alojar y alimentar a 100 agentes de la Policía Nacional que apoyarían la seguridad en el municipio en la época decembrina. El monto en dinero para cumplir con este contrato era $10.300.000.
- Asegurado empleado de la Unidad de Víctimas de Chocó por presunta apropiación de ayudas dirigidas a los afectados por el conflicto
Como presunto responsable de apropiarse de auxilios destinados a los afectados por el conflicto armado, fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, Terry Estívenson Moreno Mosquera, trabajador de la Unidad de Reparación Integral a Víctimas del departamento de Chocó.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de esa Seccional, desde el año 2014, el procesado se habría apropiado de los recursos públicos con la ayuda particulares que falsificaban los documentos de los verdaderos beneficiarios.
A Moreno Mosquera le fueron imputados cargos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad material en documento público. Según la investigación, serían 27 familias afectadas con un detrimento patrimonial superior a los 125 millones de pesos. Una de las víctimas es un joven analfabeta y con discapacidad mental.
- Presuntas irregularidades construcción de la plaza de mercado de Puerto Asís, Putumayo
Ante un juez de control de garantías de Mocoa (Putumayo), la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en contra de seis personas, entre exfuncionarios de la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Puerto Asís.
Se trata de Edwin Giovanny Ibarra Vallejo, ex secretario de Planeación de la Gobernación; Jaime Wilder Guerrero Rodríguez, abogado de la Gobernación; Mauricio Burbano Bárcenas, funcionario de la Oficina de Planeación de la Gobernación de Putumayo; Jorge Eliécer Coral Rivas, ex alcalde municipal de Puerto Asís; Hugo Hernán Hurtado, ex secretario de Planeación de Puerto Asís; y John Wilfredo Girón Cerón, ex contratista Consorcio interventoría Puerto Asís.
La investigación se deriva de las presuntas irregularidades halladas en la contratación para la construcción de la plaza de mercado del municipio de Puerto Asís y su proceso de ejecución. La Fiscalía evidenció que, en el año 2013, la Gobernación de Putumayo suscribió un contrato por $5.199’882.322 para el desarrollo de la obra; sin embargo, a pesar de la inversión total del dinero, la construcción no fue terminada y permanece en el abandono desde 2015.
- Nuevas imputaciones por peculado tras las fiestas patronales de Motavita (Boyacá)
William René Roncancio Bohórquez, secretario de Gobierno de Motavita (Boyacá) para el año 2013, y tres contratistas, fueron señalados como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y abuso de confianza calificado y falsedad material en documento público.
En este caso ya fueron imputados cinco funcionarios, incluida la alcaldesa del municipio para la época, Dalila Jazmín Pamplona Pacheco.
La investigación se relaciona con los hechos ocurridos entre los años 2012 y 2014, cuando la entonces alcaldesa de ese municipio boyacense, Dalila Jazmín Pamplona Pacheco, realizó varias contrataciones de manera directa con los hoy imputados, quienes fungían como representantes legales de las asociaciones que se encargarían de ejecutar actividades para estimular la cultura ciudadana, el sano esparcimiento, la recreación y el rescate de su patrimonio cultural y religioso del municipio, en el marco de las fiestas patronales. Al término de las festividades, los contratos fueron pagados sin que se hubieran realizado todas las actividades estipuladas.
Asimismo, dentro de la investigación se estableció que con estos tres contratos la exalcaldesa Pamplona Pacheco se habría apropiado de cerca de $237.717.000.
- Caso Espolones – fase II
Un nuevo golpe contra la corrupción en Sucre logró la Fiscalía, tras poner en evidencia el fraude millonario del que fue objeto la administración municipal de Coveñas (Sucre), al parecer, por parte de exfuncionarios, funcionarios y supuestos contratistas. La defraudación total al municipio se estima en $14.762’152.006.
Mediante labores investigativas, la Fiscalía estableció que la alcaldía de Coveñas, a partir del 28 de diciembre de 2017, realizó varios giros por un monto total de $7.639’043.659, de una cuenta del municipio —que se encontraba suspendida por solicitud del Departamento Nacional de Planeación (DNP)— a la cuenta la empresa Coraba, cuyo representante legal habría cobrado los dineros.
Según lo evidenciado, tales giros no tenían justificación alguna, dado que la cuenta de la alcaldía, denominada Proyecto Fondo SGR- Municipio de Coveñas, tenía por propósito la “Construcción de obras de prevención y control de la erosión costera en el casco urbano de los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú, departamento de Sucre, región Caribe”, pero la empresa Coraba, por su parte, radicó un contrato denominado “Patios Productivos”, por un valor de $14.000’000.000 para sustentar los presuntos giros irregulares.
No obstante, en la investigación se comprobó que ni en la administración municipal ni en Coraba, había registro de vínculos contractuales que soportaran dichas transacciones.
Por estos hechos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público agravado por el uso:
- Olga Lucía Carta Martínez, alcaldesa de Coveñas para la época de los hechos.
- Erney Alexánder Barrios Blanco, actual Secretario de Hacienda y Tesorería
- José Miguel Mestra Quiroz, Contratista – Coraba
Los tres procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
- Imputado exfuncionario de un juzgado civil de Neiva (Huila) por presunta estafa a una mujer con un falso remate
Medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en no salir del país, mostrar buena conducta y presentarse periódicamente ante la autoridad competente, le fue otorgada a William Fernando Bernal luego de haber sido imputado por la Fiscalía, por los delitos de uso de documento falso, falsedad en documento privado y estafa.
La víctima fue una mujer que buscaba vivienda para ella y su familia bajo la figura de remate, puesto que era más asequible. En su denuncia indicó que el hombre investigado, quien trabajaba en un juzgado civil para la época de los hechos, se comprometió a ayudarle con el tema.
Fue así como inicialmente Bernal, al parecer, le pidió la suma de $8’800.000 para participar en el supuesto remate que ofrecía el Juzgado 4° de Ejecución Civil Municipal de Neiva; luego le hizo una nueva exigencia por $400.000 y al final le exigió $510.000 más. Esta última suma era aparentemente para pagar los honorarios de un abogado con el que realizarían un contrato que fue diligenciado con información falsa. En total fueron $9’710.000.
- Asegurado policía por presunta apropiación de ‘botín’ de un hurto frustrado en Meta
Por solicitud de la Fiscalía Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, fue asegurado en centro de reclusión José Libardo Chávez Basto, patrullero de la Policía Metropolitana para el momento de los hechos, ocurridos el 13 de abril de 2018, en un casino del centro de Villavicencio (Meta).
La situación se habría presentado cuando una patrulla policial llegó al establecimiento, luego de ser alertada sobre un hurto que se estaba realizando. Según lo determinado, el monto del robo asciende a $ 2’795.500 que habían sacado de las máquinas y la registradora. Igualmente, pretendían llevarse un celular.
De acuerdo con testigos presenciales de los hechos, el uniformado se habría apropiado de $1´676.000 y el celular, los cuales se presume que guardó entre su cinturón cuando se hizo a un lado del salón, y posteriormente salió del lugar con la maleta.
Ante el Juzgado 1° Penal Municipal con función de control de garantías se realizaron las audiencias concentradas de Chávez Basto, ya destituido, a quien la Fiscalía le imputó cargos por el delito de peculado por apropiación, el cual no aceptó.
Dentro de la estrategia de Bolsillos de Cristal actualmente son investigadas 2917 personas, 1003 eran funcionarios al momento de ser vinculados, 728 exfuncionarios y 1186 particulares. En el sector justicia son investigadas 241 personas (191 de la Fiscalía), 196 funcionarios y 45 exfuncionarios.
Los dineros comprometidos por estos casos suman $4.737.294.454.894.
