El hecho se presentó cuando un equipo periodístico de Tv San Jorge en Ocaña cubría la audiencia de imputación de cargos a varias personas por venta de estupefacientes. Según la denuncia publica del equipo periodístico un hombre de camibuso rojo identificado como el abogado Eduardo Eli Carrascal Torrado, instigó a los detenidos para que agrediera al equipo periodista bajo el pretexto que “estaba prohibido” grabar.
Según pudo conocer este medio la audiencia era pública y contaba con los permisos para el cubrimiento noticioso, ademas a la cual el mencionado abogado Eduardo Carrascal no tenia que ver con ninguna de las partes.
Ante la instigación impulsada por el abogado, el camarógrafo Ivan Navarro recibió varios golpes de uno de los detenidos.
Esta no es la primera vez que un medio periodístico se ve atacado o impedido en el desarrollo de sus funciones, violando así los principios constitucionales que garantizan la libertad de prensa.
con la restricción a periodistas en audiencias públicas.
La Fundación para Libertad de Prensa FLIP ya se ha pronunciado en otras ocasiones y rechaza la restricción a periodistas en audiencias públicas Aquí uno de los comunicados.
La Fundación para Libertad de Prensa FLIP rechazan restricción a periodistas en audiencias públicas
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció el incremento de las restricciones a los periodistas para poder cubrir las audiencias públicas que se llevan en procesos judiciales en el país.
“Resulta preocupante que la restricción impuesta contraría el carácter público de la administración de justicia”, señaló en un comunicado.
Y advierte que “se está menoscabando el derecho a la libertad de prensa, que protege el artículo 20 de la Constitución Política”.
La preocupación es porque los argumentos para impedir el cubrimiento de las audiencias públicas no se ajustan a ninguna de las causales de ley. Estas son poner en peligro a víctimas, jurados, testigos, peritos, demás intervinientes; se afecta la seguridad nacional, o cuando se expone a menores de edad que deben intervenir a daños psicológicos, se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo o se comprometa seriamente el éxito de la investigación.
La organización documentan cinco casos en los que jueces ordenan expulsar a los periodistas de audiencias judiciales que deberían ser públicas.
Este fue el caso de la audiencia de conciliación entre Álvaro Uribe y Hollman Morris, realizada el 20 de julio del año pasado. El magistrado de la Corte Suprema que presidió la audiencia, Eugenio Fernández, negó la entrada de los medios.
El más reciente ocurrió el 17 de junio pasado, cuando los periodistas fueron expulsados de la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Eduardo Correa, alto consejero para las regiones, y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, investigados por presunta corrupción.
Los otros hechos documentados en el comunicado ocurrieron el 16 de febrero pasado, en una audiencia contra el gobernador de Amazonas; el 18 de enero del 2017 en Medellín y el 23 de agosto del 2016 en Valledupar.
Explican que el Código de Procedimiento Penal establece que la publicidad es uno de los principios que debe regir los procesos judiciales y que la publicidad protege los derechos al debido proceso y de la ciudadanía a conocer asuntos de interés público.
Las autoridades deben proteger a los periodistas cuando cubren audiencias públicas porque se han presentado casos en los que los comunicadores son agredidos por familiares de los imputados bajo el argumento de exigir que no sean publicadas dichas audiencias
