El Ministerio Público busca establecer si se habrían realizado una serie de modificaciones en los Planes de Ordenamiento Territorial en más de 800 municipios del país con el fin de beneficiar a ciertos propietarios de predios.
Esto luego de que fueran recibidas múltiples denuncias que dan cuenta de unos dineros pagados por dichos propietarios para que sean incluidos en zonas propias para construir complejos habitacionales.
Además, en la práctica de pruebas que iniciará en los próximos días, se indagará si hay alcaldes, concejales y empleados del orden municipal involucrados en los citados hechos.
