En los últimos meses se ha puesto en cuestionamiento la “meritocracia” impulsada por el gobierno como bandera de eficiencia y adecuada selección de los funcionarios públicos. El discurso se ha venido abajo tras hacerse pública la existencia de funcionarios del más alto nivel con titulaciones falsas, denuncias de concursos amañados y otras. Pero esa es la punta de un ovillo de una filosofía antidemocrática que esconde intereses clasistas que deben ser identificados.
Desde el gobierno anterior, la meritocracia ha sido promovida tanto a través de una nueva oficina pública, cuanto por concursos dudosos y evaluaciones homogenizadas, las que por su naturaleza, desconocen los fenómenos sociales vinculados con esos resultados haciendo que, por lo general, la supuesta búsqueda de los que tienen “meritos” se convierta en un mecanismo de segregación contraria a la democracia.
Desde lo general y desde particularidades como la educativa, el discurso de la meritocracia aparece comúnmente positivo porque ofrece un gobierno de los que tienen méritos para ello, pero la práctica en una sociedad injusta y de clases solo profundiza las diferencias sociales.
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