Así lo advirtió el secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, en una carta a Minprotección.
El funcionario aseguró que temas como reducir la obligatoriedad en la contratación de un 60 a un 40 por ciento de las EPS con los hospitales y quitarle el manejo al Estado de todas las actividades de promoción y prevención para que las EPS privadas decidan cómo y con quién hacerlo es declarar los hospitales públicos como inviables y llevarlos a la quiebra.
«El Gobierno Nacional se excusa en que hay falta de accesibilidad en salud en algunas regiones del país para llevar la red pública hospitalaria al cierre o a la privatización y eso en últimas perjudicará a los usuarios y no garantizará el total acceso al derecho a la salud», afirmó Zambrano.
El Secretario aseguró que esta medida implicaría una reducción anual de 106 mil millones de pesos al año.
En la carta, el Secretario expresa su gran preocupación por el retroceso que sufrirá la salud con una reforma que pretendía sacar al sector de una profunda crisis y que «por lo que se ha aprobado hasta el momento resultó peor el remedio que la enfermedad».
«Como primera medida vemos con gran preocupación como a pesar de los diferentes espacios y escenarios abiertos para la participación, la gran mayoría de propuestas realizadas por esta Secretaria, por entes territoriales, Fedemunicipios y Fededepartamentos y por otros actores en las mesas de trabajo y foros regionales, no fueron tenidas en cuenta en el articulado propuesto por los ponentes y avalado por su Despacho para el debate que se está surtiendo en estos momentos», dice la carta,
«Por tanto -agrega-, consideramos que no es viable la legitimización del proceso de análisis y discusión que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso pretenden mostrar a la comunidad», expresa el secretario en dicha carta.
La comunicación advierte que otro aspecto que preocupa con la reforma que hace curso en el Congreso de la República es que ahora la calificación de los hospitales se base únicamente en factores de equilibrio financiero y no en indicadores de rentabilidad social, de avances en salud pública y de mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población.
«En ese sentido ningún hospital será viable porque como es bien sabido las ESES tienen problemas de cartera y de demora en pagos por parte de las EPS y ese sería el único factor a calificar, pero para nada se exigen indicadores e salud a los prestadores privados de servicios de salud, salvo resultados y balances financieros», afirma el Secretario en su carta.
La afectación no solo es económica si no también de acceso. En el país más del 50 por ciento de la población accede a los servicios de salud a través de la red pública de hospitales.
En el caso de Bogotá, cada año se realizan en los 170 puntos de atención de la red pública de hospitales 15 millones de atenciones al año entre urgencias, consultas médicas, labores de pyp, exámenes, cirugías y tratamientos a personas de bajos recursos.
Igualmente el hecho de que la afiliación de los actuales vinculados quede en potestad de las EPS y no en manos del Estado a través de los entes territoriales, como actualmente sucede, hará que los criterios de selección de los afiliados dejen por fuera a pacientes crónicos, con enfermedades de alto costo y con preexistencias porque primará el interés privado y no el general.
«Allí se denota que quedará institucionalizada una selección adversa que va en contra del derecho a la salud», agrega la carta.
Por: Redacción eltiempo.com
