La Corte Constitucional ha tomado medidas cautelares urgentes para proteger a las niñas y niños Wayuu del corregimiento de Jojoncito, en Uribia, La Guajira, quienes se encuentran en riesgo debido a la contaminación de su principal fuente de agua. Tras una inspección realizada el pasado 27 de agosto, se confirmó la presencia de agua con coloración verdosa y posibles rastros de materia fecal de animales.

Como respuesta a esta situación, la Corte ha ordenado a la Alcaldía de Uribia y a ESEPGUA garantizar el suministro de agua potable a la comunidad en un plazo máximo de 48 horas, utilizando carrotanques y tanques de almacenamiento. Además, se deberá presentar un plan de distribución en las siguientes 24 horas y establecer un esquema definitivo en un máximo de cinco días.

Adicionalmente, se ha impartido la orden al Ministerio de Vivienda de instalar filtros o sistemas de purificación de agua adecuados en un plazo de 15 días hábiles, previa reunión técnica con la comunidad para determinar las mejores alternativas. También se ha requerido a las entidades responsables implementar un protocolo de limpieza y desinfección de los tanques como medida de prevención.

La Corte ha dejado claro que el suministro mediante carrotanques es temporal, por lo que se estableció un plazo de 30 días hábiles para presentar un proyecto que garantice una solución definitiva de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, a través de un sistema de acueducto sostenible.

Asimismo, se ha solicitado al Viceministerio de Agua evaluar la situación de las fuentes hídricas en otros municipios como Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, con el fin de prevenir nuevas emergencias sanitarias. Por último, la Procuraduría General de la Nación será la encargada de supervisar el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional.

El Gobierno nacional ha realizado un operativo de traslado carcelario que ha permitido el ingreso de 11 personas privadas de la libertad (PPL) de alto perfil al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como ‘La Tramacúa’, situado en el municipio de Valledupar. Estos internos fueron trasladados desde la Cárcel Modelo de Barranquilla bajo un dispositivo especial de seguridad coordinado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Carlos Molina, director de ‘La Tramacúa’, ha confirmado la llegada de este grupo de reclusos al establecimiento penitenciario. Aunque las autoridades no han revelado sus identidades ni los delitos por los cuales están privados de la libertad, se destaca que su clasificación como personas de alto perfil ha motivado que el traslado se realice bajo estrictas medidas de seguridad, con arribo vía aérea al aeropuerto Alfonso López de Valledupar.

Estos movimientos forman parte de las medidas implementadas por el sistema penitenciario para redistribuir a internos de especial relevancia o peligrosidad entre diferentes establecimientos de reclusión del país. El objetivo es fortalecer el control penitenciario, reducir riesgos asociados a la concentración de ciertos perfiles criminales y mejorar las condiciones de seguridad dentro de las cárceles.

El INPEC está llevando a cabo acciones relacionadas con la gestión de establecimientos de reclusión y la clasificación de la población privada de la libertad. Asimismo, en 2026, ha expedido actos administrativos relacionados con la reclasificación y destinación de pabellones en diferentes establecimientos penitenciarios.

Este nuevo traslado de reclusos se suma a la llegada reciente de Hernán Giraldo Serna, exjefe paramilitar, junto con otros internos a ‘La Tramacúa’.