Lina María Garrido, oriunda de Arauca, fue designada como nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la política rural colombiana. Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 1149 de 2026, firmado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.
Garrido nació en Arauca en 1987 y es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Además, cuenta con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político, de la Pontificia Universidad Javeriana, y en Gerencia Social, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Su trayectoria política comenzó en 2015, cuando fue elegida concejal de Arauca con el aval de Cambio Radical. Posteriormente, en 2022, llegó a la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026, donde ocupó la segunda vicepresidencia de la corporación y la vicepresidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.
Los retos al frente de la Agencia Nacional de Tierras
Como directora de la ANT, Garrido tendrá bajo su responsabilidad asuntos relacionados con el acceso y la formalización de tierras, los baldíos de la Nación, los procedimientos agrarios, el catastro multipropósito, las comunidades étnicas y el ordenamiento social de la propiedad.
La nueva funcionaria aseguró que uno de sus principales propósitos será trabajar por los campesinos y avanzar en una política de tierras que permita fortalecer el acceso, la formalización y la seguridad jurídica sobre la propiedad rural.
“De parte de la Agencia Nacional de Tierras esperen carácter, transparencia y gestión”, afirmó Garrido, quien también anunció su intención de combatir la corrupción dentro de la entidad y llevar, según sus palabras, justicia real a los campesinos.
La ANT tiene un papel central en la implementación de la política de tierras y en los objetivos de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016. Entre sus responsabilidades se encuentran procesos de formalización y acceso a tierras y el ordenamiento social de la propiedad rural.
Entre los desafíos planteados para la nueva administración aparecen la modernización del régimen agrario, la construcción de un Código Agrario Único, un régimen especial para la Orinoquía y una eventual reforma al sistema de reparación de tierras.
Garrido asumió el cargo con la propuesta de impulsar una política rural orientada a aumentar la producción y fortalecer la seguridad jurídica de quienes trabajan el campo. Su gestión estará marcada por el reto de convertir estas propuestas en decisiones concretas para campesinos y comunidades rurales de diferentes regiones del país.
